España ha alcanzado en los últimos meses un doble hito económico y social de primer orden: por primera vez desde antes de la Gran Recesión, la tasa de paro ha descendido por debajo del 10%, al tiempo que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha superado la barrera histórica de los 22 millones. Ambos datos no solo reflejan una mejora coyuntural del ciclo económico, sino una transformación estructural del mercado de trabajo español. Y en el centro de esa transformación se encuentra un actor clave, a menudo invisibilizado o deliberadamente estigmatizado en el debate público: la inmigración.
Los datos son elocuentes. Según estimaciones del Banco de España, cerca del 80% del aumento reciente de la población activa se explica por la incorporación de trabajadores de origen extranjero. Sin esa aportación, sencillamente, España no habría podido crear empleo al ritmo observado, ni sostener la expansión de sectores estratégicos como la hostelería, la agricultura intensiva, la construcción, los cuidados, la logística o buena parte de los servicios avanzados. La inmigración no ha sido un factor accesorio del crecimiento: ha sido uno de sus motores principales.
Conviene subrayarlo con claridad frente a la retórica alarmista: la inmigración en España no ha destruido empleo ni ha deprimido salarios de forma generalizada. Al contrario, ha permitido ampliar la base productiva, sostener la demanda interna y aliviar cuellos de botella laborales en un país marcado por el envejecimiento demográfico y la caída sostenida de la natalidad. En términos macroeconómicos, ha contribuido a elevar el PIB potencial; en términos fiscales, ha ensanchado la base de cotización y de contribuyentes.
Este último aspecto es crucial. El sistema público de pensiones español —basado en el principio constitucional de solidaridad intergeneracional— depende de manera directa del equilibrio entre cotizantes y pensionistas. En un contexto de jubilación masiva de las cohortes del “baby boom”, pretender sostener el sistema sin un flujo estable de población activa inmigrante no es una postura conservadora: es una quimera. Defender la inmigración como política pública no es, por tanto, una opción ideológica, sino una exigencia de responsabilidad institucional.
Desde esta perspectiva debe analizarse el anuncio de una nueva regularización administrativa de hasta 500.000 personas migrantes en situación irregular. Conviene insistir en un matiz que suele desaparecer en el ruido mediático: regularizar no es naturalizar. No implica concesión automática de derechos políticos ni acceso al voto, sino algo mucho más básico y jurídicamente razonable: permitir trabajar legalmente, cotizar, pagar impuestos y salir de la economía sumergida.
Cifras de la regularización: 3.500 millones de euros anuales y 330.000 cotizantes
La experiencia histórica avala esta estrategia. La regularización realizada a mediados de la década de 2000 permitió aflorar cientos de miles de trabajadores, incrementó de forma significativa los ingresos por cotizaciones sociales y tuvo un impacto positivo tanto en el IRPF como en los impuestos indirectos asociados al consumo. Una estimación prudente sugiere que una regularización de esta magnitud podría generar, más de 3.500 millones de euros adicionales en ingresos públicos y aflorar al menos más de 330.000 nuevos cotizantes, además de reducir la precariedad laboral y la competencia desleal.
Asumiendo la tasa de incorporación al empleo formal según los antecedentes de la regularización de 2005 y 2006, entre un 65% y un 70% en 12 a 24 meses, la regularización permitirá que se incorporaren al mercado de trabajo ensanchando la base de población activa entre 325.000 y 350.000 personas. Siendo conservadores, 330.000 cotizantes netos, que aportarán, teniendo en cuenta la cotización media anual por trabajador entre 6.500 y 7.000 euros al año, 2.211 millones de euros al año. Sólo en cotizaciones.
Aplicando el perfil salarial típico para rentas medias y bajas, con IRPF positivo (entre 1.500 y 1.800 euros) y, de nuevo, con un pronóstico conservador (1.600 euros), los nuevos inmigrantes regularizados dejarán entre 500 y 550 millones de euros adicionales en IRPF.
A estas cantidades se les suma, habida cuenta la alta propensión marginal al consumo de este rango de población y rentas, y un gasto de entre 2.000 y 2.500 euros por persona y año, entre 700 y 750 millones de euros anuales en impuestos indirectos. El impacto fiscal total estimado asciende, pues, a eos entre 3.400 y 3.500 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, entre 13.500 y 14.000 millones acumulados en cuatro años.
Esta prospección no tiene en cuenta los efectos indirectos en empleo (y riqueza) inducidos, PIB y reducción de la economía sumergida.
Inmigración, empleo y patriotismo constitucional: una ecuación que España ya ha resuelto (y Estados Unidos no)
Frente a esta evidencia, la oposición frontal de la derecha y la extrema derecha resulta cada vez menos económica y cada vez más ideológica. Se alimenta de bulos, de datos descontextualizados y de una visión esencialista de la identidad nacional que choca frontalmente con la historia constitucional de España. Porque España ha sido, durante siglos, país de emigrantes y, en las últimas décadas, país de acogida. Negar esa realidad no es patriotismo: es amnesia histórica.
El contraste con Estados Unidos resulta ilustrativo. Allí, la deriva hacia políticas de deportación masiva ha demostrado ser no solo ineficaz en términos económicos, sino extraordinariamente costosa y lesiva para los derechos humanos. Diversos estudios han mostrado que los sistemas de detención y deportación cuestan más al erario que alternativas de gestión administrativa basadas en programas de acompañamiento y supervisión, con tasas de comparecencia superiores al 90% y, en algunos casos, cercanas al 99%.
De hecho, iniciativas como los Inmigrant Case Management Programs con seguimiento y apoyo administrativo en libertad a los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, además de ser respetuosas con los derechos humanos y no causar las más de 200 muertes que arrostra el ICE y otros cuerpos coercitivos, cuestan entre 5 y 10 dólares por inmigrante frente a los entre 150 y 200 dólares que cuesta cada uno de los detenidos por estos cuerpos, más costosos aún que los presos sin que medie ninguna sentencia judicial.
A ello se suma un coste humano incalculable y un impacto negativo sobre sectores enteros de la economía estadounidense: los irregulares suponen más del 50% de la fuerza laboral empleada en hostelería y en torno al 20% en construcción, sectores donde, como en España, los nativos rehúsan trabajar.
España, por el contrario, parece haber entendido —con mayor pragmatismo y menor estridencia— que la gestión ordenada, legal y humanitaria de la inmigración no es una amenaza, sino una inversión. Una inversión en empleo, en cohesión social, en sostenibilidad fiscal y, en último término, en estabilidad democrática.
Defender estas políticas no es una concesión al “buenismo”, como insisten ciertos discursos antipatrióticos disfrazados de orden. Es una defensa del interés general, del Estado social y democrático de derecho y de una concepción de la nación compatible con la Constitución, la economía real y la dignidad humana.
Porque hoy, más que nunca, los datos lo confirman: sin inmigración no hay pleno empleo sostenible, no hay pensiones viables y no hay futuro económico para España.
