El Gobierno trabaja en la preparación de un nuevo escudo económico para hacer frente al impacto de la subida de los combustibles y la energía en España. El Ejecutivo analiza diferentes medidas para proteger a los sectores más afectados por el encarecimiento del carburante y garantizar apoyo a los hogares más vulnerables.
El paquete de medidas, que todavía está en fase de diseño, incluirá ayudas específicas para el transporte, el sector agrícola y la logística, así como iniciativas para evitar que la subida de la energía tenga un impacto directo en las familias.
A diferencia de lo que ocurrió tras el inicio de la invasión Rusa a Ucrania, el Ejecutivo descarta por ahora aplicar una subvención generalizada a la gasolina y apuesta por medidas más selectivas y focalizadas.
El Gobierno apuesta por ayudas dirigidas a los sectores más afectados
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que el Ejecutivo está analizando diferentes opciones para responder a la subida de los precios energéticos sin comprometer en exceso las cuentas públicas.
Según indicó tras reunirse con sindicatos y organizaciones empresariales, la estrategia pasa por dirigir las ayudas a los sectores que dependen más directamente del combustible.
Entre los principales beneficiarios de estas medidas podrían encontrarse:
- el transporte de mercancías por carretera
- el sector agrícola y ganadero
- la logística y distribución
El objetivo es evitar medidas generalizadas que supongan un elevado gasto presupuestario y que, en algunos casos, no lleguen directamente a quienes más lo necesitan.
Descartada una bonificación general a la gasolina
Durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, el Gobierno aprobó una bonificación directa al combustible para reducir el precio de la gasolina y el diésel.
Sin embargo, el Ejecutivo considera que el contexto actual es diferente y que una ayuda general a los carburantes podría no ser la herramienta más eficaz para responder a la situación actual del mercado energético.
Por ello, el Gobierno apuesta por medidas más específicas y adaptadas a cada sector, evitando repetir el modelo aplicado en 2022.
Más control sobre los precios del combustible
Otro de los aspectos que el Ejecutivo quiere reforzar es la supervisión del mercado de carburantes.
Para ello, el Gobierno trabajará junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el objetivo de vigilar el comportamiento de los precios en las gasolineras.
La intención es evitar posibles prácticas irregulares o comportamientos anómalos y garantizar que, si el precio del petróleo baja, esa reducción se refleje también en el precio final que pagan los consumidores por la gasolina y el diésel.
Protección para hogares vulnerables ante la subida de la energía
El nuevo escudo económico también podría recuperar algunas de las medidas sociales que se aprobaron durante anteriores crisis energéticas.
Entre ellas destaca la prohibición de cortar suministros energéticos a hogares vulnerables, una iniciativa que formó parte del escudo social y que permitió proteger a miles de familias en momentos de fuerte subida de los precios de la electricidad y el gas.
El Gobierno trabaja en la elaboración de un Real Decreto-ley que incluya este tipo de medidas, aunque por el momento no se ha fijado una fecha concreta para su aprobación.
Antes de aprobar el paquete de medidas, el Ejecutivo pretende buscar consenso con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, ya que cualquier iniciativa deberá superar posteriormente el trámite en el Congreso.
El mecanismo ibérico podría volver si empeora la situación energética
Otra de las herramientas que el Gobierno mantiene como opción es el denominado mecanismo ibérico, que permitió limitar el precio del gas en España y Portugal durante la anterior crisis energética.
La medida fue impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y tuvo como objetivo reducir el coste de la electricidad para consumidores y empresas.
No obstante, el ministro de Economía ha señalado que la situación actual está todavía lejos del escenario vivido en 2022.
En aquel momento, el precio del gas superó los 200 euros por megavatio hora, mientras que actualmente se sitúa en torno a los 50 euros.
Aun así, el mecanismo sigue disponible y podría activarse si la evolución del mercado energético así lo requiriera, aunque su aplicación necesitaría coordinación con las autoridades europeas y portuguesas.
Posible rebaja del IVA de la electricidad
Entre las medidas que cuentan con mayor consenso dentro del Gobierno se encuentra una posible reducción del IVA de la electricidad.
Este tipo de rebaja fiscal ya se aplicó durante la anterior crisis energética y permitió reducir el impacto del encarecimiento de la luz en los hogares.
En cambio, el Ejecutivo ha descartado por ahora rebajar el IVA de los alimentos, ya que no se observa todavía un traslado directo de la subida energética a los precios de la cesta de la compra.
Tampoco se plantea intervenir en el mercado de la vivienda con medidas como la congelación de los alquileres, una propuesta defendida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Los sindicatos reclaman rebajar el precio del transporte público
Los sindicatos también han trasladado al Gobierno sus propuestas para hacer frente al encarecimiento de la energía.
Los líderes de UGT y CCOO han defendido que una de las medidas más eficaces para aliviar el gasto de los ciudadanos sería rebajar el precio del transporte público.
Además, han advertido de que algunas rebajas fiscales generalizadas pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores si no van acompañadas de mecanismos de control sobre los precios.
