El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias decidió retirar a Víctor de Aldama, empresario vinculado al caso Koldo, y al magistrado jubilado Manuel García‑Castellón de la causa. Según la Fiscalía, ninguno de los dos puede considerarse víctima ni perjudicado de los hechos investigados.
En noviembre pasado, el juez permitió que Aldama se personara en la causa, tras su denuncia de que Díez y su abogado habían tenido acceso a conversaciones privadas suyas mientras estaba en prisión. En el caso de García‑Castellón, su abogada consideró que había sido perjudicado directamente por las acciones de la exconcejal socialista, que supuestamente pedía información sobre él en sus reuniones.
En su resolución,del juez Zamarriego aclara que Aldama y García‑Castellón fueron admitidos inicialmente porque se pensaba que Díez podría haber difundido información sobre ellos. Sin embargo, el juez concluye que esos hechos no tienen relación con los delitos principales que se investigan (delitos de cohecho y tráfico de influencias) por lo que ya no se les reconoce como perjudicados.
En el caso de García‑Castellón, el juez señala que en el escrito de su abogada no se explican hechos concretos que demuestren que haya sido perjudicado en este proceso. Solo se menciona que, según algunos artículos de prensa, Díez habría difundido información supuestamente falsa con la intención de dañar su honor y reputación.
Tras esta decisión, Zamarriego deberá llevar a cabo varias diligencias, entre ellas tomar declaración el próximo lunes a Santos Cerdán y Antonio Hermando como testigos. También está citado el empresario Alejandro Hamlyn. De hecho, fue la grabación de una reunión entre Leire Díez, el empresario Pérez Dolset y Hamlyn la que permitió descubrir las presuntas maniobras de la exalto cargo de Correos contra la UCO y otros actores del ámbito político y judicial.
