El empresario, Víctor de Aldama, ha admitido este jueves su responsabilidad en los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada relacionados con las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia del covid-19.
Aldama ha pedido al Tribunal Supremo que se le aplique una atenuante mayor para reducir la pena que reclama la Fiscalía Anticorrupción, que solicita hasta siete años de prisión. El acusado sostiene que su colaboración y confesión deberían contar a su favor a la hora de fijar la condena final.
El caso, conocido como ‘caso Koldo’ en los medios de comunicación, investiga presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos durante la emergencia sanitaria, en los que se habría favorecido a ciertos intermediarios para la adquisición de material sanitario, incluyendo mascarillas.
El juicio en el Tribunal Supremo continúa su curso y se prevé que en los próximos días se analicen tanto las pruebas aportadas como la valoración de la Fiscalía sobre la responsabilidad de Aldama y otros posibles implicados en la causa.