El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para combatir la desinformación y los abusos en el entorno digital, cuyo eje principal será la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores de 16 años si las plataformas no garantizan sistemas eficaces de verificación de edad.
El anuncio, realizado durante el Global Governments Summit de Dubái, centrado en los retos de la digitalización, sitúa la protección de la infancia y la adolescencia como una prioridad del Ejecutivo ante el impacto que las redes sociales tienen en la salud mental, la exposición a contenidos dañinos y la difusión de bulos. Según Sánchez, las plataformas no pueden seguir funcionando como espacios ajenos a la ley cuando afectan directamente a derechos fundamentales. Durante su intervención, el presidente fue especialmente crítico con el papel actual de las plataformas digitales. A su juicio, las redes sociales operan hoy como un “estado fallido”, un entorno en el que las normas se incumplen, los comportamientos delictivos se normalizan, la desinformación se impone a la verdad y una parte significativa de los usuarios es objeto de ataques de odio.
Junto a esta restricción de acceso, el Gobierno plantea endurecer la responsabilidad de las empresas tecnológicas, de modo que sus máximos directivos puedan enfrentarse a consecuencias penales si no retiran contenidos ilegales, como mensajes de odio, desinformación grave o material delictivo. El plan del Ejecutivo también apunta a reforzar los mecanismos de control sobre los algoritmos, con el objetivo de evitar que estos amplifiquen contenidos nocivos, y se enmarca en el debate europeo sobre la necesidad de regular con mayor firmeza a las grandes plataformas digitales. Además, Sánchez ha pedido a la Fiscalía que actúe e investigue los posibles delitos vinculados al uso de inteligencia artificial en plataformas como Grok (la IA de X), así como en Meta o TikTok, al considerar que estas herramientas pueden estar amparando o difundiendo contenidos ilegales.
La propuesta abre un nuevo escenario político y social, al situar por primera vez una prohibición directa del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que previsiblemente generará debate entre defensores de la protección digital y quienes alertan sobre sus posibles efectos en derechos y libertades y se enmarca en un contexto en el que otros países están adoptando medidas similares, como Italia, Francia o Australia, que fue el territorio pionero en tomar esta decisión.
