El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha vuelto a cargar contra la concesión del tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas, que considera “un nuevo fraude” en la ejecución de las penas impuestas a los reclusos.
A su juicio, esta decisión “confirma” que el Gobierno Vasco “continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad con una apariencia formal de legalidad”. En esta línea, ha advertido de que el Ejecutivo “oculta que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una libertad casi total”.
“Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados fraudulentos. Lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas, y menos aún las víctimas”, ha subrayado el colectivo en un comunicado.
En la resolución enviada por el Gobierno Vasco se precisa que a Jon Bienzobas se le otorga el tercer grado aplicando el artículo 83. Entre los factores tenidos en cuenta se mencionan “su buena conducta penitenciaria, una oferta laboral y un escrito en el que supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz”.
Para Covite, sin embargo, “que se siga utilizando una carta privada como principal aval para conceder regímenes de semilibertad a condenados por terrorismo demuestra hasta qué punto se ha vaciado de contenido el requisito del arrepentimiento”.
"Un acto de fe"
“Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha recalcado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
Covite también ha afeado la “falta de transparencia” con la que el Ejecutivo vasco estaría tramitando estos terceros grados. Según explica, las resoluciones que se comunican a las asociaciones de víctimas “se refieren sistemáticamente a terceros grados concedidos en aplicación del artículo 83, es decir, al régimen ordinario de tercer grado generalmente vinculado a un trabajo, formación u otra ocupación acreditada, a través del cual el interno puede salir a diario de prisión, pero debe regresar a dormir al centro penitenciario”.
