El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso por no haber cumplido con la obligación legal de elaborar un registro de médicos objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Según el Ministerio que dirige Mónica García, Madrid es la única comunidad que, pese a haber recibido un requerimiento oficial, no ha elaborado el registro dentro del plazo establecido, por lo que, a su juicio, pone en riesgo el derecho al aborto y dificulta la correcta organización de los servicios sanitarios.
La ministra ha subrayado que el registro de médicos objetores, obligatorio según la normativa estatal, garantiza tanto los derechos de las pacientes a acceder al aborto como los de los profesionales que eligen objetar por motivos de conciencia. Además, Sanidad ha solicitado al tribunal que ordene su creación de manera provisional hasta que la comunidad pueda hacerlo independientemente.
García ha definido esta situación como "un incumplimiento de la ley flagrante" y, frente a ello, la Consejería de Sanidad de Madrid asegura que su prioridad sigue siendo la atención primaria y los conflictos derivados del Estatuto Marco, y que no elaborarán el registro de objetores mientras no exista una resolución judicial.
