La Audiencia de Badajoz inicia este jueves 28 de mayo el juicio oral por el caso que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Después dos años de investigación, el procedimiento judicial se centra ahora en determinar si el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz fue diseñado específicamente para él. La Fiscalía pidió el archivo de la causa al considerar "pocos indicios y muchas conjeturas".
La investigación arrancó en mayo de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, basada en distintas publicaciones periodísticas. En las primeras fases del caso se investigaron posibles irregularidades relacionadas con su situación fiscal, un supuesto absentismo laboral y presuntos vínculos empresariales con Víctor de Aldama, aunque esas líneas terminaron archivadas tras los informes elaborados por la UCO y la Agencia Tributaria.
Con el avance de las diligencias, la instructora Beatriz Biedma centró la causa en el proceso de creación y adjudicación de la plaza pública. Durante la investigación se requisaron miles de correos electrónicos de empleados y responsables de la Diputación de Badajoz para analizar cómo se gestó el puesto de coordinador de conservatorios.
El juicio contará con once investigados, entre ellos David Sánchez y el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, a quienes se atribuyen presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También comparecerán antiguos responsables del área de Cultura, técnicos y cargos vinculados a la administración provincial, además de Luis Carrero, colaborador cercano de David Sánchez y ex trabajador de Moncloa.
La vista oral, prevista inicialmente para seis jornadas, incluirá la declaración de 42 testigos y la participación de nueve acusaciones populares, entre ellas, HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox, que solicitan penas que podrían alcanzar hasta tres años de prisión para algunos de los procesados.
Entre los testigos figuran agentes de la Guardia Civil que participaron en el análisis de decenas de miles de correos electrónicos, así como antiguos directores de conservatorios, funcionarios y candidatos que optaron al puesto investigado. El proceso judicial pone el foco en unos hechos que se remontan a octubre de 2016, cuando comenzó a plantearse la creación de esa plaza dentro de la institución provincial.
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