El juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a una audiencia preliminar, a la que deberá acudir con el empresario Juan Carlos Barrabés y con su asistenta Cristina Álvarez. En el auto, el magistrado le ha advertido de que, si no acude, será “conducida al juzgado por la fuerza pública”. En este sentido, la defensa de Gómez, Antonio Camacho, ha recurrido esta petición.
Camacho ha presentado el recurso en el que acusa al magistrado de tener "excesiva prisa", en finalizar la investigación ejerciendo "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático", argumento que ya ha sido empleado en varias ocasiones.
Camacho ha trasladado al juez instructor la conveniencia de tomar declaración al otro responsable de la cátedra que compartía dirección con Begoña Gómez, así como de proceder a la ratificación de los tres informes periciales aportados por la defensa. Respecto a la comparecencia de José Manuel Ruano, sostiene que es "imprescindible" porque "si la acusación centra parte esencial de su imputación en la actividad desarrollada por Begoña Gómez en la Cátedra Extraordinaria, resulta imprescindible escuchar al otro director de dicha Cátedra antes de adoptar esa trascendental decisión".
En la misma línea, la defensa destaca que el magistrado ha aceptado "decenas de testigos propuestos por las acusaciones", mientras que ha rechazado la mayoría de las diligencias solicitadas por ella. Por ello, considera que no permitir esta declaración “supone una quiebra del principio de igualdad de armas".
En relación con los informes periciales, Camacho lamenta que no se haya acordado su ratificación y advierte de que ello "deja a la defensa sin poder contradecir pericialmente tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación: la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la Cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas".
El auto de Peinado y el informe de la UCO
El auto al que ha tenido acceso ‘Europa Press’ expone que “dichos acusados comparezcan personalmente” y “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de eludir la acción de la justicia”.
Peinado ya ha planteado la iniciativa de que Gómez sea juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Este movimiento llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le haya trasladado su informe de conclusiones al magistrado.
En este sentido, el escrito de la Guardia Civil concluye que la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, se creó siguiendo los cauces establecidos por la entidad pública y que, entre los objetivos de esa formación, estaba la creación de un software sobre sostenibilidad para Pymes.
Se trata de una herramienta perteneciente a la Universidad, financiada por diversas empresas que en todo momento conocían que sus aportaciones estaban destinadas a la Universidad Complutense y no a la mujer de Sánchez. Además, la UCO sostiene que no ha detectado ingresos no declarados, comisiones ni operaciones económicas irregulares en las cuentas analizadas. Los investigadores señalan que la investigada facturó a la universidad alrededor de 17.000 euros durante un periodo de dos años, una cantidad que, a su juicio, resulta “incompatible” con la obtención de un beneficio económico ilícito a título personal.
No obstante, sí constatan que la asesora asignada por Moncloa a Begoña Gómez participó en estas actividades de carácter privado y que ambas realizaron gestiones con entidades patrocinadoras de la cátedra que, en principio, correspondían a los órganos administrativos de la universidad. Pero, acto seguido precisan que ninguno de los cerca de 200 correos electrónicos enviados por Cristina Álvarez e incorporados al procedimiento presenta relevancia para el objeto de la investigación.
Por otro lado, la UCO pone el foco en posibles irregularidades en la adjudicación a Deloitte y sostiene que el proceso pudo estar ya encarrilado de antemano, como si se hubiera diseñado expresamente para esa empresa. Según el informe, la consultora habría empezado a trabajar antes de que se firmara oficialmente el contrato, y después los pliegos se habrían ajustado a unas condiciones que ya estaban decididas, incluidos los precios.
Asimismo, el informe manifiesta que Making Science, la empresa que desarrolló el back-end de la plataforma, cobró 20.000 euros, 24.200 con IVA, pero lo hizo sin que hubiera un expediente administrativo formal. La UCO reconoce que el trabajo se llevó a cabo, aunque cuestiona que esa contratación se ajustara a la Ley de Contratos del Sector Público.
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