Esta legislatura está siendo especialmente compleja y las mayorías en el Congreso son muy ajustadas. Con este escenario, gobernar no resulta sencillo e impulsar nuevas leyes o derogar las antiguas puede ser un camino que aparenta no tener final.
Hasta el punto de que, dependiendo del partido que presente la iniciativa legislativa e independientemente de que el contenido sea positivo para la ciudadania, puede llegar al pleno prácticamente sentenciada y abocada al fracaso.
La Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada durante el franquismo, continúa en vigor, el Gobierno pretende reformarla, pero la iniciativa permanece bloqueada en el Congreso.
Lo cierto es que en julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituiría la actual norma. Se trata de un compromiso con el Partido Nacionalista Vasco para asegurar su apoyo. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ni debate ni votación: la propuesta sigue paralizada.
Son muchos casos bajo llave
Son numerosos los episodios que permanecen sin esclarecer y bajo secreto oficial. Entre ellos, qué ocurrió con Mikel Zabalza, la matanza del 3 de marzo de Vitoria o los Sanfermines de 1978, sucesos en los que intervino la Policía de la época y que, como reclama el grupo vasco, todavía no están plenamente aclarados.
Tampoco se conoce toda la información sobre el asesinato de Carrero Blanco, ni la que reclaman los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Spanair.
Los socios de investidura exigen más compromiso en la desclasificación
Esta última semana, el PNV ha centrado la atención en el debate parlamentario. Aseguran los de Aitor Esteban que llevan una década reclamando la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales. El grupo vasco señala que ya se han presentado hasta cinco iniciativas, una por legislatura desde 2016.
En la misma línea, fuentes de EH Bildu, otro de los socios de investidura, sostienen que la ley debe reformarse con urgencia. No obstante, apuntan a que si el Gobierno central ha podido desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, también podría hacerlo de forma individualizada con cada caso. Para los de Arnaldo Otegi no hay excusa.
El PSOE no tiene tan claro que una nueva Ley de Secretos Oficiales vaya a prosperar, pero el PNV confía en que salga adelante, ya que Junts no votaría en contra de una iniciativa legislativa del grupo vasco.
El resto de socios de investidura se muestran críticos con la desclasificación de documentación del 23-F: la aplauden, pero la consideran insuficiente reclamando una nueva ley.
La oposición habla de “cortina de humo”
Por su parte, Vox y el PP califican la medida como una cortina de humo frente a los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno.
Hasta el momento, los de Feijóo no han aclarado, ni delante ni detrás de cámaras, qué votarían en el hemiciclo si la nueva Ley de Secretos Oficiales llegara al pleno.
