La gran incógnita es si José Luis Ábalos continuará en prisión. Este jueves puede producirse un giro en la situación judicial del exministro socialista, internado desde el mes de noviembre en el centro penitenciario de Soto del Real junto a quien fue su asesor, Koldo García.
Su entrada en prisión se produjo en el marco de la investigación —ya prácticamente en la antesala del juicio— conocida como la trama de las mascarillas, el origen de un amplio entramado judicial que ha ido creciendo con el paso de los meses.
Conviene subrayar la gravedad de las penas solicitadas. La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos hasta 24 años de prisión. El Partido Popular, que encabeza las acusaciones populares, va aún más lejos y eleva la petición hasta los 30 años de prisión. La pregunta ahora es qué ocurrirá tras la deliberación del alto tribunal.
El Tribunal Supremo escuchará esta semana a todas las partes: acusaciones populares, Ministerio Fiscal y defensas. El objetivo es determinar si sigue existiendo el denominado “riesgo extremo” que justificó, en su día, la prisión provisional para evitar una posible fuga.
La situación procesal de Ábalos no es comparable a la de Víctor de Aldama cuando este último ingresó en prisión. En aquel momento, el procedimiento se encontraba en fase de instrucción y el principal riesgo era la posible destrucción de pruebas. Ahora, con la investigación prácticamente cerrada, el debate se centra exclusivamente en el riesgo de fuga. Si el Supremo concluye que ese riesgo persiste, la prisión provisional podría mantenerse incluso hasta que se dicte sentencia, es decir, no solo hasta la celebración del juicio.
En el caso de una eventual absolución, Ábalos quedaría en libertad de forma inmediata. Si, por el contrario, fuera condenado, el tiempo pasado en prisión provisional se descontará de la pena final, pero vista la situación y en el hipotético de condena estaríamos hablando de apenas unos meses de privación preventiva frente a una larga condena de prisión.
¿Qué es la ‘trama mascarillas’?
La denominada ‘trama mascarillas’ es el procedimiento original dentro de este complejo entramado judicial. En los escritos de acusación se señala a José Luis Ábalos, junto a Koldo García, su exasesor y a Víctor de Aldama, el supuesto comisionista, eran integrantes de un grupo que se habría lucrado tras la llegada del exministro al Gobierno.
Según la acusación, el beneficio económico no provendría de la simple venta de mascarillas, sino del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación directa, sin concurso limpio, de contratos públicos para el suministro de este material sanitario durante los peores momentos de la pandemia.
En el centro de la investigación aparece la mercantil Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, y que también se encuentra bajo el foco judicial. Con el juicio previsiblemente señalado para los próximos meses, tanto Ábalos como Koldo García niegan de forma tajante las acusaciones. En sus escritos de defensa llegan a calificar de “fábulas” las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y sostienen su inocencia.
La estrategia de Víctor de Aldama, sin embargo, ha sido distinta. Asesorado por el abogado penalista José Antonio Choclán, ha optado por cooperar con la justicia y buscar una posible conformidad, una vía ya conocida en otros grandes procedimientos como el caso Gürtel. Aldama acepta en su escrito dedefensa buena parte del relato de hechos de Anticorrupción, lo que podría traducirse en una reducción de la pena solicitada, fijada inicialmente en siete años de prisión, si así lo considera el tribunal.
Aunque no asume la totalidad de los hechos, este reconocimiento parcial podría tener un efecto de arrastre sobre Ábalos y Koldo García, incrementando el riesgo de condenas elevadas para ambos.
Lo más probable: que Ábalos no salga de prisión
Por ahora se desconoce hasta qué punto existe una estrategia coordinada entre las defensas, algo que solo quedará claro cuando los acusados se sienten en el banquillo. No se descarta que los relatos de unos y otros sean contradictorios entre sí. En cualquier caso, una eventual condena sólo será posible si las pruebas presentadas son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.
A la espera de lo que decida el Tribunal Supremo, la fecha clave para Ábalos y su entorno es este jueves. Aunque la puesta en libertad se antoja complicada, el exministro está ejerciendo su derecho de defensa y, como ocurre siempre en el ámbito judicial, cualquier escenario es posible si así lo ampara el Derecho.
