La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido archivar las primeras denuncias presentadas contra altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama, incluidos dos exconsejeros de Salud y la actual gerente del SAS, al considerar que no existen indicios claros de responsabilidad penal en su actuación.
Las denuncias, interpuestas por el Defensor del Paciente, Izquierda Unida y Adelante Andalucía, apuntaban a posibles irregularidades en la gestión de los cribados que provocaron retrasos en la comunicación de resultados y en el seguimiento de casos clasificados como “no concluyentes”. La Fiscalía ha concluido que los hechos no muestran un patrón común que permita establecer una responsabilidad generalizada, por lo que ha remitido las diligencias a distintas fiscalías provinciales (Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería) para que se analicen de forma individualizada.
Este archivo se produce en medio de una crisis sanitaria abierta desde 2025 por el retraso en el envío de resultados de mamografías y ecografías a miles de mujeres, que han denunciado que el seguimiento tardío pudo haber agravado o retrasado el diagnóstico de cáncer de mama. La asociación Amama y otras organizaciones han impulsado reclamaciones y protestas en varias ciudades andaluzas, reclamando que se depuren responsabilidades y se atienda el impacto sanitario y personal sufrido por las afectadas.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha reconocido que más de 2.300 mujeres se vieron afectadas por el fallo en la notificación de resultados, aunque el Gobierno autonómico ha insistido en que la mayoría de los casos no derivaron en tumores, una cifra que ha generado contradicciones con los datos aportados por asociaciones de pacientes, que cifran en varios cientos los casos con desarrollo tumoral vinculados a los retrasos.
La decisión de la Fiscalía ha generado reacciones enfrentadas: mientras el Gobierno andaluz ve en el archivo un respaldo a su gestión y critica el uso político del caso por parte de la oposición, grupos políticos y las propias asociaciones de víctimas mantienen que aún hay denuncias por fallos en el cribado pendientes de resolverse y exigen que se investiguen todos los casos con rigor y transparencia.
