La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación por la supuesta coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para recolocar a personal público a dedo. En dichas diligencias se analizará si la alcaldesa de València, María José Catalá; dos concejalas de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet; la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y cuatro trabajadores públicos podrían haber cometido delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El medio ‘The Objective’ ha adelantado que se analizarán las decisiones administrativas adoptadas en la primavera de 2024, cuando el Consorcio Valencia 2007, organismo participado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento y presidido por la propia Catalá, se encontraba en proceso de liquidación.
En este sentido, se pusieron en marcha casi al mismo tiempo distintos procesos de selección en el Ayuntamiento de València, en fundaciones municipales y en la propia Autoridad Portuaria que, de acuerdo con la denuncia presentada por Compromís a Anticorrupción, habrían tenido como finalidad asegurar la reubicación de ciertas personas.
La denuncia fue presentada por un grupo de extrabajadores del Consorcio, quienes dejaron constancia ante notario de su sospecha de que dos puestos relevantes en el Puerto ya estaban previamente destinados a Manuela Gras y Alicia Gimeno, entonces trabajadoras del organismo en proceso de liquidación. Meses más tarde, ambas acabaron siendo seleccionadas para dichos cargos.
