La sesión del Parlamento vasco de este viernes ha estado tenso entre el presidente del Partido Popular de la región, Javier de Andrés, y el lehendakari, Imano Pradales. El motivo: Juan Narvaez Goñi, un preso de ETA que acumula varias condenas que superan los 300 años de cárcel por su participación en diversos atentados, asesinatos y delitos de terrorismo durante los años 90, al que se le aplicará el tercer grado. El tercer grado es la fase más avanzada de clasificación en el sistema penitenciario español, enfocada en la reincorporación del interno a la sociedad.
Esto ha causado malestar en la oposición vasca, que ha declarado que "sigue habiendo cientos de presos vascos fuera de Euskadi, pero ya no hay pronunciamientos en este parlamento porque no son miembros de ETA" y ha lanzado una pregunta a Pradales: "¿Cree usted que esta es la forma justa de gestionar las prisiones?". El lehendakari, por el PNV, ha sido muy conciso en la respuesta: "Los presos y presas de la banda terrorista ETA tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de presos. No existe ningún privilegio, solo la aplicación de la ley".
Una respuesta que no ha saciado a la bancada popular. De Andrés ha declarado que "la sociedad no les debe nada", pero "ustedes tienen un trato político con ellos y con sus socios de coalición del Partido Socialista" y ha acusado al gobierno vasco de corromper el sistema de justicia con el tratamiento privilegiado a los etarras. Ante esto Pradales ha pedido respeto al gobierno y a las víctimas del terrorismo.
El lehendakari ha manifestado que estas decisiones las adoptan los jueces que "al igual que usted o militantes del Partido Socialista sufrieron en primera persona coacciones amenazas o atentados". Pradales ha explicado que el procedimiento empieza con los técnicos de prisiones, que elaboran un informe personalizado. "Se eleva la junta de tratamiento compuesta por funcionarios del sistema penitenciario. Se somete al control de legalidad a través del Ministerio Fiscal o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y en todo caso, es un juez quien tiene la última palabra. Toma la decisión cumpliendo estrictamente la ley en vigor. Aplicando en este caso un reglamento" sentenció Pradales.
