El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado, junto a más de 60 países y la Unión Europea, a una firme condena contra los ataques persistentes a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), tras la muerte de tres cascos azules indonesios en los últimos días.
Los Estados firmantes han expresado su preocupación por el deterioro de la seguridad en Líbano desde marzo de 2026, señalando que los ataques han dejado también varios heridos entre efectivos de distintos países. La situación evidencia el creciente peligro al que se enfrentan las misiones internacionales de paz.
En su comunicado conjunto, los países advierten de que estos ataques podrían constituir crímenes de guerra, instando a Naciones Unidas a reforzar la protección del personal desplegado y a garantizar investigaciones rápidas, transparentes y eficaces.
Las primeras pesquisas apuntan tanto al Ejército de Israel como al grupo chií libanés Hezbolá como posibles responsables de distintos ataques mortales, lo que refleja la complejidad del conflicto y el alto nivel de tensión en la zona.
Además, los países han rendido homenaje a los cascos azules por su labor en favor de la paz y han reiterado su respaldo a la misión de la FINUL, cuyo mandato se ve cada vez más comprometido por la violencia sobre el terreno.
El bloque internacional ha reclamado un cese inmediato de las hostilidades, el retorno al acuerdo de alto el fuego de 2024, al tiempo que alerta de la grave crisis humanitaria en Líbano, con más de un millón de desplazados.
