Las encuestas siguen otorgando una amplia ventaja a PP y Vox, pero todavía no han medido completamente el impacto de la rebelión por la vivienda. La unión de la izquierda alternativa puede evitar la pérdida de numerosos escaños, aunque por sí sola no basta: la clave está en si el 29N consigue cambiar la agenda electoral, movilizar al votante progresista desanimado y convertir la vivienda en el terreno ideológico sobre el que se disputen las próximas elecciones
Con la convocatoria de elecciones, Pedro Sánchez, parte desde una posición que, sobre el papel, parece extraordinariamente complicada. La media de encuestas publicada a comienzos de octubre sitúa aproximadamente al PP en el 32-33%, al PSOE alrededor del 26%, a Vox cerca del 18%, a Sumar en torno al 6% y a Podemos entre el 3% y el 4%. El bloque PP-Vox supera así ampliamente el 50% de intención de voto en buena parte de las estimaciones privadas.
Pero existe un problema metodológico fundamental para interpretar esa fotografía: la mayor parte de las encuestas que conforman esos promedios fueron realizadas antes de que la crisis de la vivienda ocupase el centro absoluto de la agenda política y antes de que la Puerta del Sol volviera a convertirse en escenario de una movilización continuada.
Y ese cambio de agenda puede importar mucho.
El 26 de septiembre, después de una manifestación convocada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, decenas de personas decidieron permanecer en la Puerta del Sol. En pocos días la acampada pasó de unas pocas tiendas a centenares y posteriormente a más de un millar. La protesta se extendió además a otras ciudades españolas.
Lo que comenzó como la reacción a un desahucio se ha convertido así en algo políticamente diferente: un movimiento capaz de crear un acontecimiento, un símbolo y un antagonista.
Maricarmen ya no representa únicamente un caso individual. Representa al inquilino frente al rentista, al ciudadano frente al fondo de inversión y, sobre todo, una experiencia compartida por millones de personas: la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones razonables.
Ese terreno ideológico es sustancialmente más favorable a la izquierda que el que dominaba el debate público apenas unas semanas antes. No hay que olvidar que, si usamos la escala clásica del CIS, donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, España se sitúa hoy ligeramente a la izquierda del centro, aproximadamente en torno al 4,6–4,8. Si el centro de gravedad está alrededor del 4,7, existe un electorado potencialmente receptivo a mensajes sobre vivienda, salarios, servicios públicos y desigualdad que actualmente no está votando necesariamente a la izquierda o manifestándolo en las encuestas.
De Ceuta a Sol: cambiar la pregunta cambia las elecciones
El barómetro del CIS de septiembre, cuyo trabajo de campo se realizó entre los días 1 y 4, mostraba perfectamente el escenario anterior. Después de la crisis migratoria de Ceuta, Vox avanzaba hasta el 16,6%; el PSOE caía dos puntos, hasta el 31%; Sumar descendía al 5,7% y Podemos subía al 3,7%. Incluso utilizando el CIS -considerablemente más favorable al PSOE que las encuestas privadas- PP y Vox sumaban ya el 42,1%, frente al 40,4% de PSOE, Sumar y Podemos.
La inmigración había colocado la competición electoral sobre uno de los territorios discursivos preferidos de Vox: fronteras, seguridad, identidad nacional y control migratorio.
La vivienda altera por completo el tablero.
Una encuesta de 40dB. conocida después del inicio de las movilizaciones revela que el 67,5% de los ciudadanos respalda limitar los precios del alquiler, incluso aunque ello reduzca la rentabilidad de los propietarios. El 82,4% apuesta por aumentar el parque de vivienda social y el 79,7% respalda incentivos fiscales para pequeños propietarios. El dato políticamente más interesante es que algunas de esas medidas reciben también un apoyo significativo entre votantes del PP y Vox.
Es decir: la izquierda ha encontrado una cuestión sobre la que una parte de los propios electores de la derecha comparte sus diagnósticos o, al menos, acepta algunas de sus soluciones.
El último estudio del CIS sobre el Estado del bienestar dibuja además un nivel de frustración extraordinariamente elevado: solamente el 11,9% de los ciudadanos considera garantizado para todos el acceso a una vivienda digna; el 68,4% cree que únicamente lo está para algunos y otro 18,2% considera que no lo está para nadie. El 65,9% piensa además que acceder a la primera vivienda será todavía más difícil en el futuro.
La vivienda reúne, por tanto, las características necesarias para convertirse en un poderoso vector electoral: afecta materialmente a millones de ciudadanos, especialmente jóvenes; posee responsables políticos identificables; genera emociones intensas y permite construir un conflicto ideológico fácilmente comprensible.
El efecto Sol: la movilización puede preceder al voto
La pregunta decisiva es si una movilización social puede transformarse realmente en movilización electoral.
La experiencia española aconseja no despreciar esa posibilidad.
Una investigación longitudinal realizada por Carol Galais, Araceli Mateos y Eva Anduiza siguió durante nueve años a ciudadanos que habían participado en las movilizaciones del 15M. Sus resultados muestran que participar en aquellas protestas incrementó posteriormente el interés político, la percepción de eficacia política y otras formas de participación. Algunos de esos efectos continuaban siendo claramente visibles aproximadamente dos años después de las protestas.
Esto no significa que el 26S vaya a convertirse automáticamente en otro 15M ni que sus manifestantes terminen votando a una misma candidatura.
Significa algo diferente y electoralmente quizá más importante: la protesta social puede sacar a ciudadanos de la desmovilización política.
Eso es precisamente lo que necesita hoy la izquierda.
El problema fundamental del bloque progresista no es únicamente que algunos antiguos votantes hayan pasado al PP o a Vox. Es también que una parte importante se encuentra políticamente desanimada, fragmentada o instalada en la abstención.
La acampada introduce una emoción que llevaba meses prácticamente ausente del campo progresista: expectativa de victoria.
Las protestas, además, poseen capacidad demostrada para alterar la agenda pública. La literatura académica sobre movimientos sociales ha constatado que el tamaño y frecuencia de las manifestaciones pueden aumentar la atención mediática y, posteriormente, la atención parlamentaria y gubernamental sobre una determinada cuestión.
Esto es exactamente lo ocurrido con la vivienda.
En menos de dos semanas, un desahucio particular ha acabado condicionando decretos del Gobierno, votaciones parlamentarias, negociaciones entre partidos y hasta la discusión sobre un eventual adelanto electoral.
El Frente Amplio: unidos no necesariamente suman votos, pero sí pueden sumar diputados
Aquí aparece la segunda variable decisiva.
La izquierda alternativa prepara para el próximo 17 de octubre el lanzamiento de un nuevo Frente Amplio, inicialmente integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes. La gran incógnita sigue siendo Podemos, además de la posible participación de otras fuerzas territoriales.
Su importancia electoral no está únicamente en conseguir más votos.
Está en dejar de perder escaños con los votos que ya tiene.
España no posee una circunscripción nacional para las elecciones generales. Los diputados se distribuyen en 52 circunscripciones y después se asignan mediante la fórmula D'Hondt. Eso convierte la fragmentación en un problema especialmente grave en provincias pequeñas y medianas.
Un estudio reciente que aplica las estimaciones actuales provincia por provincia calcula que, manteniendo exactamente los mismos votos, Sumar y Podemos obtendrían alrededor de diez diputados concurriendo separados y aproximadamente 19 presentándose juntos. Es decir, casi podrían duplicar su representación sin conseguir un solo voto adicional.
La conclusión coincide además con una investigación publicada por este periódico el pasado febrero. Aquella simulación, realizada provincia por provincia sobre una confluencia territorial mucho más amplia, calculaba que la unidad podía proporcionar hasta una veintena de diputados adicionales al bloque y que Vox era precisamente el partido que perdía más escaños como consecuencia de esa optimización electoral.
Ésta es la paradoja fundamental:
El Frente Amplio puede neutralizar parcialmente a Vox sin quitarle necesariamente centenares de miles de votantes.
Puede hacerlo evitando que millones de votos progresistas queden sin representación mientras Vox obtiene el último diputado provincial.
Pero la unidad no basta
Conviene, sin embargo, evitar una conclusión complaciente.
Las matemáticas electorales actuales siguen siendo muy adversas para Sánchez.
La simulación publicada por Kiko Llaneras utilizando los sondeos disponibles sitúa a PP y Vox alrededor de 199 diputados, muy por encima de los 176 necesarios para gobernar.
Incluso una unión perfecta entre Sumar y Podemos que elevase su representación desde unos diez hasta alrededor de 19 diputados seguiría dejando a la derecha con una ventaja muy considerable.
Para que Sánchez tenga una posibilidad real de reeditar un gobierno progresista deben producirse simultáneamente tres movimientos.
El primero es que el PSOE recupere parte de los aproximadamente cinco puntos que ha perdido desde las elecciones generales de 2023. Entonces obtuvo el 31,7% y 121 diputados.
El segundo es que el Frente Amplio alcance una dimensión electoral próxima, como mínimo, al espacio que representó Sumar en 2023: alrededor del 12%. No basta con repartir de manera más eficiente un 9% o 10%. Hace falta además movilizar abstencionistas.
Y el tercero es que las fuerzas territoriales susceptibles de facilitar una investidura progresista mantengan una representación suficiente para completar la mayoría.
Dicho de otro modo: la confluencia es condición necesaria, pero no suficiente.
Sol puede proporcionar lo que faltaba: un antagonismo
Aquí es donde el 26S puede alterar la ecuación.
Durante buena parte de la legislatura, las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE han sufrido una contradicción estratégica: gobernaban y protestaban simultáneamente contra su propio Gobierno. Eso dificultaba construir un relato político diferenciador.
La vivienda les ofrece ahora un conflicto mucho más nítido.
Después de que PP, Vox y Junts rechazaran los decretos gubernamentales sobre vivienda, el adversario político puede definirse con mucha mayor facilidad: quienes quieren intervenir el mercado frente a quienes consideran que la solución debe venir fundamentalmente del aumento de la oferta y del mercado.
El movimiento social, además, no aparece formalmente subordinado a los partidos. De hecho, el lema utilizado por el Sindicato de Inquilinas —“o cae el rentismo o cae el Gobierno”— contiene también una amenaza explícita a Sánchez.
Paradójicamente, esa autonomía puede aumentar su capacidad de movilización.
El 15M tampoco nació como movilización de apoyo al PSOE o a Podemos —que ni siquiera existía—. Su capacidad transformadora procedió precisamente de construir primero una identidad política y generar después nuevas traducciones electorales.
Una investigación sobre aquella “cristalización electoral” encontró posteriormente que el apoyo al 15M terminó transformándose de manera significativa en voto a Podemos, especialmente entre determinados sectores sociales.
La vivienda también puede movilizar a la derecha
Existe, sin embargo, otro elemento que impide establecer una relación automática entre crisis habitacional y voto progresista.
Un estudio publicado en 2026 en Electoral Studies precisamente sobre la ciudad de Madrid demuestra que el incremento del alquiler no produce una reacción electoral homogénea.
En los barrios con menor porcentaje de propietarios, el encarecimiento del alquiler está asociado con un mayor apoyo a partidos de izquierda, especialmente los de perfil más populista. Pero en los barrios con elevada propiedad inmobiliaria, el mismo aumento de los precios puede reforzar a las formaciones de derecha, porque sus habitantes perciben el incremento del valor inmobiliario como una ganancia económica.
La batalla de la vivienda es también, por tanto, una batalla entre dos Españas materiales: la España que paga alquiler y la España que posee activos inmobiliarios.
El Frente Amplio tendrá que conseguir que la primera vote con una intensidad al menos comparable a la segunda.
El verdadero riesgo para Vox no está todavía en las encuestas
Por eso sería prematuro afirmar que Vox está cayendo o que la izquierda ha remontado.
No existe todavía evidencia demoscópica suficiente para sostenerlo.
Lo que sí puede afirmarse es que ha cambiado la estructura de oportunidad electoral.
Hace apenas unas semanas, el debate político estaba dominado por Ceuta, inmigración y seguridad, precisamente cuando Vox alcanzaba máximos próximos al 18-19%.
Ahora la conversación gira alrededor de alquileres, desahucios, fondos inmobiliarios, salarios, precariedad juvenil y acceso a la vivienda.
Para Vox, ése es un terreno considerablemente menos cómodo.
Y para la izquierda es probablemente la primera oportunidad en mucho tiempo de hacer unas elecciones alrededor de una cuestión material sobre la que su posición tiene respaldo incluso entre parte de los votantes adversarios.
Sánchez todavía puede perder. Pero ahora existe una partida
Los números actuales siguen diciendo que un Gobierno PP-Vox es el resultado más probable.
Pero las elecciones no se celebran sobre las encuestas de ayer.
Si el movimiento nacido el 26S consigue mantenerse, extenderse territorialmente y convertir la vivienda en el principal asunto de la campaña; si el Frente Amplio incorpora finalmente a Podemos y evita el desperdicio de votos provincia por provincia; y si Sánchez recupera siquiera una parte del electorado progresista que hoy declara intención de abstenerse o permanece indeciso, la distancia entre bloques puede reducirse de manera significativa.
No sería la primera vez.
El 23 de julio de 2023, PP y Vox partieron durante meses como favoritos para alcanzar la mayoría absoluta. Acabaron sumando 170 diputados, seis por debajo de ella, mientras Pedro Sánchez consiguió articular posteriormente una mayoría alternativa.
Pero esta vez la dificultad es mucho mayor.
Para repetir aquella operación Sánchez necesita algo que ninguna ingeniería parlamentaria puede proporcionarle después de las elecciones: votos antes de ellas.
Y ahí reside la importancia electoral del nuevo movimiento de Sol.
Quizá el acontecimiento políticamente decisivo del 26S no haya sido que cientos de personas decidieran dormir bajo una tienda de campaña en el kilómetro cero.
Quizá haya sido que, después de meses jugando en el terreno ideológico de la derecha, la izquierda haya encontrado por fin un conflicto sobre el que volver a reconocerse como izquierda.
