La factura de la luz del usuario medio con tarifa regulada (PVPC) descendió un 2,5% en marzo tras la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, situándose en 71,35 euros frente a los 73,19 euros registrados en febrero, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. La bajada coincide con la entrada en vigor del Real Decreto aprobado el 20 de marzo, que redujo el IVA de la electricidad al 10% y el impuesto especial al 0,5%.
Sin estas medidas fiscales, el recibo habría alcanzado los 82,09 euros, lo que supone un incremento del 12,2% respecto al mes anterior. Este dato evidencia el impacto directo de la reducción de impuestos en la factura final, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios energéticos y la tensión internacional derivada de la crisis en Oriente Medio.
En términos interanuales, la factura también refleja una moderación, con una caída del 6,1% frente a los 75,99 euros de marzo de 2025. Sin embargo, el histórico reciente muestra importantes oscilaciones: en marzo de 2024 el recibo fue de 58,53 euros, mientras que en 2022 alcanzó los 176,73 euros en plena crisis energética.
El análisis de FACUA sitúa el precio medio del kilovatio hora en 23,87 céntimos en horario punta, 14,06 céntimos en el tramo llano y 12,17 céntimos en el valle. Estos valores suponen descensos respecto al año anterior del 6,3%, 6,5% y 2,4%, respectivamente, consolidando una ligera tendencia a la baja en el coste de la energía.
Por su parte, el término de potencia también se ha reducido tras los cambios fiscales, pasando de 3,30 euros a 2,87 euros. Durante 2025, esta parte fija del recibo se mantuvo en torno a los 3,21 euros, lo que pone de relieve el efecto de la rebaja impositiva también en este componente del recibo.
FACUA insiste en que, pese a estas medidas, el sistema de fijación de precios sigue favoreciendo a las tecnologías más caras. Desde 2021, la organización reclama que fuentes como la nuclear o la hidroeléctrica queden fuera del sistema marginalista y pasen a tener precios regulados, con el objetivo de evitar los denominados “beneficios caídos del cielo”.
La asociación también critica que el decreto aprobado por el Gobierno no haya recuperado medidas coEl recibo medio baja hasta los 71,35 euros tras la reducción del IVA al 10% y del impuesto eléctrico al 0,5%, aunque sin estas medidas habría subido más de un 12%mo el tope al gas ni haya establecido límites máximos a los precios eléctricos, lo que, a su juicio, permitiría reducir de forma más estructural el coste de la electricidad para los consumidores.
Además, denuncia la falta de campañas institucionales para fomentar el acceso al bono social, recordando que una gran parte de los potenciales beneficiarios no lo solicita por desconocimiento. A ello se suma el problema de la potencia contratada: según datos de la Comisión Nacional de los Mercardos y la Competencia (CNMC), siete de cada diez hogares tienen más potencia de la que necesitan, lo que implica un sobrecoste cercano a los 1.000 millones de euros anuales.
