José Luis Ábalos no se resigna a no cobrar el llamado paro de los diputados, el finiquito que los parlamentarios reciben en algunos casos al abandonar su escaño.
El exministro ha registrado un recurso ante la Mesa del Congreso para que revoque su decisión de denegarle la indemnización que solicitó al renunciar a su acta, alegando que se ha producido “una flagrante vulneración” de sus derechos pasivos como diputado, “sin justificación alguna y sin cobertura legal”.
Si la Cámara mantiene su rechazo, el exparlamentario podrá plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En un mensaje difundido en la red social X, Ábalos explica que ha decidido recurrir el acuerdo que el órgano de gobierno del Congreso adoptó por unanimidad el pasado 10 de febrero, apoyándose en un informe elaborado por los letrados de la Cámara.
#EnElNombreDeÁbalos | He planteado a la Mesa del Congreso una petición de reconsideración del acuerdo que me notificó el pasado 13 de febrero y por el que no reconocen a mi favor la indemnización que, tras mi renuncia al Acta de diputado, me corresponde según el Art. 12 del… pic.twitter.com/3AqIVkbtYX
— EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) February 19, 2026
En ese dictamen, los servicios jurídicos recordaban que, cuando Ábalos reclamó la indemnización tras renunciar al acta, ya se encontraba suspendido en el ejercicio de sus derechos como diputado por haber ingresado en prisión -en el marco de la investigación sobre la trama de las mascarillas- y que, además, dicha prestación sería incompatible con la pensión de jubilación a la que el exdirigente del PSOE había anunciado que pensaba acogerse.
Una indemnización superior a 57.000 euros
Los diputados que cesan en su cargo pueden acceder a la llamada indemnización por cese, una especie de prestación similar al paro, siempre que no dispongan de otros ingresos, tanto públicos como privados.
El importe equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año completo de mandato. En el caso de Ábalos, que ocupó un escaño de forma ininterrumpida desde abril de 2009, la cantidad a percibir podría haber alcanzado los 57.200 euros.
El criterio de los letrados para desestimar la petición del exministro fue que “tal renuncia no puede suponer la recuperación de derechos que no existían con anterioridad” y que concederle la indemnización sería “contraria a la finalidad expresada en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios”.
