La acusación popular ha rebajado de 24 a 13 años de prisión la pena que solicita para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, después de adaptar su escrito a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que limitó los delitos por los que podrá ser juzgada. El nuevo documento, coordinado por Hazte Oír y presentado ante el juez Juan Carlos Peinado, mantiene la acusación por un delito de tráfico de influencias y dos delitos de malversación.
La reducción de la petición de condena responde a la decisión de la Audiencia de excluir los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, además de limitar a un único delito de tráfico de influencias las acusaciones formuladas inicialmente. De este modo, la acusación popular reformula su estrategia procesal para ajustarse al criterio fijado por el tribunal.
En su escrito de conclusiones provisionales, Hazte Oír propone además la declaración de 118 testigos y seis periciales durante el juicio. Entre las comparecencias solicitadas figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo; el ex secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili; el empresario Juan Carlos Barrabés y el comisionista Víctor de Aldama, además de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Universidad Complutense y de las empresas vinculadas a la cátedra.
En relación con la malversación, el escrito distingue dos hechos diferentes. Por un lado, atribuye a Gómez un presunto uso irregular de su asesora en La Moncloa para tareas vinculadas a su actividad profesional, por el que solicita tres años de prisión. Por otro, reclama ocho años por el supuesto uso privado del software desarrollado para la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, una conducta que la Audiencia considera susceptible de encajar en un delito de malversación.
El escrito también rebaja de forma significativa la petición de pena para Cristina Álvarez, asesora de Presidencia del Gobierno, para quien ahora se solicitan seis años de prisión como cooperadora necesaria en uno de los delitos de malversación. En cambio, el empresario Juan Carlos Barrabés deja de figurar en esta causa, aunque la investigación sobre las adjudicaciones públicas relacionadas con él continúa en una pieza separada.
Una vez recibido este nuevo escrito, el juez Juan Carlos Peinado dará traslado a las defensas para que presenten sus alegaciones antes de decidir sobre la apertura del juicio oral. Como ya ocurrió en el primer escrito de acusación, la acusación popular mantiene su intención de solicitar la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, por su relación con la creación de la cátedra dirigida por Begoña Gómez.
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