La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, este viernes ha pedido su libre absolución en relación con el juicio con un jurado popular, al cual se enfrentará por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Lo ha hecho mediante un escrito, en el cual se ha defendido, negando todas las acusaciones relacionadas con la creación de la Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid como, de las del software. Además, también se ha defendido de lo relacionado con la asistencia que recibió en su tarea profesional por parte de su asesora personal en La Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada en el juicio.
Para defenderse ha expresado que, "no influyó ni ejerció presión moral, ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria que dirigió", alega. También ha comentado, que "no ha sido remunerada por la dirección de la Cátedra extraordinaria", y que no solo eso sino que, "ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años".
La Audiencia Provincial de Madrid, contempló que habían indicios de "su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés", tras ratificar el juicio, por lo que ratificaron el juicio, por un jurado popular. Pero no solo eso, sino que también se consideró que habían indicios del delito de "malversación de patrimonio público cometido por funcionario público" en relación con el destino del software creado en el marco de esa Cátedra.
Ante estas sospechas, la defensa de la acusada, niega rotundamente también estas acusaciones: "Begoña en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse", dice el escrito. También se observa que se defienden en lo relacionado a que "no se apropió de la plataforma tecnológica, ni la destinó a usos privados sin ánimo de apropiársela". Por último, para acabar de aclarar su inocencia, se explica que, "la plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM", concluye la defensa en el escrito.
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