El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación para detectar y retirar anuncios de viviendas en alquiler en zonas declaradas 'tensionadas' (áreas donde la demanda de alquiler es muy alta respecto a la oferta) que parecen ofrecer precios por encima de los límites que marca la ley o que no facilitan información esencial a los posibles inquilinos.
Según el comunicado oficial del departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la investigación se centra en los grandes portales inmobiliarios que publican anuncios que podrían vulnerar la normativa de consumo al no cumplir con las nuevas obligaciones de transparencia. En algunos casos, se estarían mostrando alquileres que superan los precios legales establecidos para grandes propietarios o se omite el dato del precio del contrato anterior, que ahora debe figurar de forma clara en la oferta.Estas prácticas podrían ser consideradas “prácticas desleales por engañosas”.
Nuevas Obligaciones
La investigación se basa en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre y obliga a que los anuncios online de viviendas en zonas tensionadas incluyan información que permita al consumidor entender cómo se ha fijado el precio del alquiler. Esto incluye, por ejemplo, el importe del último contrato de arrendamiento en el caso de particulares o el índice de referencia aplicable para los grandes tenedores.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ya envió cartas a los portales y a las asociaciones del sector recordándoles estas obligaciones y las responsabilidades que tienen como intermediarios entre propietarios e inquilinos.
