A finales de julio, cuando miles de personas migrantes entraron de forma masiva en Ceuta, nadie pudo imaginar la dimensión que acabaría adquiriendo aquella situación. Casi dos meses después, la crisis sigue abierta en canal.
Lo está, en primer lugar, en el plano humanitario y social. Miles de personas continúan en condiciones infrahumanas, entre ellas varios cientos de menores, según las cifras del Gobierno, mientras los ceutíes, con su vida cotidiana condicionada, siguen instalados en su nueva normalidad.
Lo está también en el político: más allá del continuo rifirrafe entre Gobierno y oposición, la crisis ha situado la cuestión migratoria en el centro de un debate que marcará las próximas contiendas electorales.
Con la incógnita de cuándo y cómo se resolverá por completo la situación en Ceuta, se avecina una semana en la que la crisis ampliará su dimensión y resonará en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La defensa de la política migratoria
Los esfuerzos del gabinete del presidente del Gobierno se centran en el viaje que Pedro Sánchez emprende este lunes a Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de la Asamblea General, donde tiene previsto abordar la crisis de Ceuta. El objetivo es claro: defender su gestión y el modelo migratorio que impulsa España.
Según fuentes de Moncloa, Sánchez acude con una amplia agenda. Trasladará la visión del Ejecutivo a otros líderes, tanto en público como en reuniones informales, y también en las entrevistas con medios internacionales que se prevén.
La dimensión internacional de la crisis es además relevante por las sospechas, de fondo, sobre una posible participación de Marruecos —que el Gobierno niega— y por las acusaciones de Sánchez contra Rusia e Israel de contribuir a agravar el problema.
Mientras el Gobierno da prioridad a este asunto, varios ministerios confirman que el proyecto de presupuestos llegará al Congreso de los Diputados con un retraso de un par de semanas. Incumple así el plazo que marca la Constitución y que el propio presidente se había comprometido a respetar. El artículo 134.3 obliga a presentar el proyecto al menos tres meses antes de que expiren los presupuestos del ejercicio anterior, es decir, antes del 30 de septiembre. El incumplimiento no conlleva sanción jurídica, pero sí un coste político: el Gobierno pide ser juzgado por su gestión de la crisis mientras incumple un plazo constitucional, un flanco que la oposición puede explotar.
El PP busca internacionalizar la crisis
El Partido Popular sigue desplegando su estrategia de confrontación con el Gobierno a cuenta de la situación en la Ciudad Autónoma.
Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, vuelve hoy a Ceuta por cuarta vez. En esta ocasión acompañará al presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, y a la delegación del partido que se desplaza a la ciudad para comprobar sobre el terreno su estado y la frontera con Marruecos.
Desde allí se espera que Feijóo vuelva a plantar cara a Sánchez, a quien busca situar frente a los mandatarios europeos que, según el PP, han asumido prácticamente las tesis y postulados de los populares. En un momento en el que la mayoría de países han endurecido las políticas migratorias hacia posiciones más restrictivas.
Internacionalización en paralelo
La semana deja así dos internacionalizaciones en paralelo. El Gobierno lleva la crisis a un foro multilateral para presentarla como un fenómeno global y buscar respaldo exterior; el PP la lleva a la esfera europea para presentar a Sánchez como un líder aislado.
Ambos intentan cambiar el terreno del debate y abren la disputa sobre cómo se debe gestionar la migración. Un asunto central para las próximas campañas electorales no solo en España.
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