El Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa una de las medidas más esperadas por el profesorado y las familias: una bajada histórica de las ratios escolares, con especial impacto en la etapa de 0 a 3 años, la más precarizada del sistema educativo y la que ha protagonizado algunas de las protestas más duras de los últimos meses. La propuesta llega después de las huelgas de educadoras infantiles, con Madrid como principal foco de movilización desde abril, y cambia por completo el marco de unas aulas que durante décadas han funcionado con grupos muy por encima de lo razonable.
El borrador trasladado a los sindicatos plantea que las aulas de 0 años pasen de un máximo de 8 bebés a 4 por educadora. En las clases de 1 año, el límite bajaría de 13 a 6 niños, y en las de 2 años, de 20 a 8 alumnos. La reducción se aplicaría de forma progresiva desde el curso 2027-2028 y supondría la primera gran mejora estatal de ratios en el primer ciclo de Infantil desde 1991.
Un cambio que golpea el corazón del 0-3
La medida ha sido recibida como una victoria por las educadoras infantiles, que llevan meses denunciando salarios muy bajos, sobrecarga de trabajo y una falta de reconocimiento que contrasta con la responsabilidad que asumen cada día. La bajada de ratios no resuelve por sí sola el conflicto laboral, pero sí toca una de sus reivindicaciones centrales, que es poder atender a los niños con tiempo, seguridad y calidad educativa.
El cambio también alcanzaría al segundo ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años, donde el máximo quedaría en 20 alumnos por aula, frente a los 25 actuales. En Bachillerato, la propuesta fija el límite en 30 estudiantes, cinco menos que ahora. La bajada de ratios en Primaria y Secundaria seguirá su tramitación por ley en el Congreso, con topes previstos de 22 alumnos en Primaria y 25 en la ESO.
Educación quiere aprobar estos cambios mediante real decreto, por lo que no necesitaría reunir una mayoría parlamentaria para sacar adelante la reforma en Infantil y Bachillerato. Ese detalle no es menor con un Congreson de los Diputados marcado por la fragmentación y el bloqueo. El Gobierno busca aprobar su pieza educativa sin depender de las mismas mayorías que sí necesita para otras reformas.
La patronal privada avisa de cierres
La propuesta ha abierto ya un choque frontal con las escuelas infantiles privadas. La patronal Acade advierte de que una reducción tan drástica de ratios puede hacer inviable el sector si no viene acompañada de financiación suficiente. Según sus cálculos, muchas familias no podrían asumir el incremento de costes y miles de centros quedarían en riesgo de cierre.
Los sindicatos, por su parte, valoran positivamente el paso dado por el Ministerio, aunque reclaman más rapidez y dinero para que la medida no se quede en un anuncio. CC.OO. ha celebrado que “la movilización funciona”, mientras otras organizaciones han avisado de que la aplicación progresiva a partir de 2027 puede quedarse corta para un sector que lleva años al límite.
El decreto incluiría además nuevos requisitos para las escuelas infantiles, desde un mínimo de dos metros cuadrados por alumno hasta patios de uso exclusivo, aseos adaptados, salas de usos múltiples y espacios diferenciados para descanso e higiene en las aulas de menores de dos años. También incorpora por primera vez una referencia estatal a la climatización de los centros, una reivindicación creciente tras los episodios de calor extremo vividos en colegios e institutos.
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