El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el inicio de la tramitación de una reforma de su Reglamento con la que se pretende permitir la suspensión temporal de funciones y la imposición de multas de hasta 2.000 euros a los diputados que alteren el orden en el hemiciclo y terminen siendo expulsados de una sesión.
La toma en consideración del texto ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos salvo PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que han votado en contra.
La iniciativa, promovida por el PSOE, se remonta al incidente de hace unas semanas protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez García, expulsado del Pleno tras subir en dos ocasiones al área reservada a la Presidencia y encararse primero con una letrada y después con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ejercía entonces como presidente de la sesión.
Varios grupos han remarcado que los comportamientos impropios de algunos diputados no deben entenderse como hechos "individuales", al considerar que suelen responder a una estrategia diseñada por sus partidos. En esa línea, ERC ha reclamado que el régimen sancionador se extienda también a las direcciones de los grupos parlamentarios a los que pertenezcan los autores de estas conductas.
Deterioro del clima parlamentario
"Que se haya de reformar el Reglamento para preservar el buen funcionamiento de esta Cámara y el respeto institucional y las buenas prácticas parlamentarias, ya nos dice en qué se ha convertido la política", ha lamentado el diputado de Junts Josep María Cervera, atribuyendo la situación al creciente deterioro del tono en el Congreso.
PP y Vox se han posicionado abiertamente contra la reforma. La vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, la 'popular' Marta González, ha recalcado que el Reglamento ya prevé un régimen disciplinario que, hasta ahora, ha sido "suficiente" para salvaguardar el respeto institucional. Por ello, ha asegurado que su grupo no apoyará una modificación que, a su juicio, busca encubrir "el fracaso institucional" de la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.
Artículo 101 del Reglamento
La propuesta del PSOE plantea modificar el artículo 101 del Reglamento para introducir una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado. Se aplicaría cuando un parlamentario, "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier comisión, o sobre el cuerpo de letrados o ujieres que asiste a las mismas, ya sea en el transcurso de una sesión o fuera de ella".
Además, se propone retocar el artículo 104, que regula la expulsión del hemiciclo, para incorporar una sanción económica a los diputados que sean expulsados tras las tres llamadas al orden. La multa oscilaría entre 1.000 y 2.000 euros, en función del grado de resistencia a acatar las órdenes de la Presidencia.
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