Han tenido que pasar 48 horas para que el presidente del Partido Popular y líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, condene el lamentable acontecimiento que se produjo en el Congreso de los Diputados cuando el portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez, fue expulsado por encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
En este sentido, Feijóo, señala: "Siempre vamos a condenar cualquier incidencia que falte al decoro de la Cámara".
“Rehenes” de la extrema derecha
El vicepresidente primero del Congreso, Francisco Javier Gómez de Celis, entró en directo en el programa de ‘TVE’, Mañaneros 360, donde defendió su actuación en el Congreso de los Diputados. Celis explicó que en ese momento llegó a temer una posible agresión física y que su prioridad fue “la defensa de la democracia” y la decisión de expulsar al parlamentario.
El dirigente socialista sostuvo además que “la democracia ganó” con su actuación y acusó a la extrema derecha de “envalentonarse cuando hay cámaras”. Según relató, otro diputado de la formación de Santiago Abascal se habría disculpado posteriormente en privado, calificando la actuación de Sánchez como un “bochorno”.
De la misma forma, preguntado por Javier Ruiz sobre la postura del PP, pidió una condena clara de los hechos, advirtiendo de que su formación no debería “abrir la puerta a la violencia verbal” ni convertirse en “rehenes de no poder condenar lo condenable”.
Este hecho, lejos de ser condenado por la formación de extrema derecha, fue defendido. Así, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, a las puertas del pleno, preguntada por la prensa sobre este suceso, apoyó la actitud de Sánchez y atacó al trabajo de la presidencia de la Cámara, asegurando que fue él quien se equivocó "no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara".
En este contexto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, exigió el miércoles a la Mesa de la Cámara imponer una sanción “contundente” contra el diputado de extrema derecha, alegando que es un hecho “muy grave” que tiene que tener “consecuencias”.
En esta misma línea y recordando el 23F, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sentenció: “Es una absoluta anomalía que no tiene precedente más que en el año 1981 y el golpe de Estado en el que se subió al estrado un sublevado para derrocar la democracia”.
