La comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso al parecer, quiere que sean distintas empresas las que tengan que asumir el coste de levantar más de medio millar de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequibe. A cambio de hacer esto, dichas empresas, podrán explotar el cobro de la rentas, hasta el próximo siglo.
Esto se ha sabido, según información publicada en el portal de contartación, el cual refleja un pronóstico de ingresos brutos acumulados para las compañías ganadoras superior a 350 millones a precios constantes de 2026, cifra que supera ampliamente los 800 millones en términos nominales entre todas las concesiones y durante los 75 años de concesión.
En ese periodo de tiempo, las empresas que sean las elegidas, no tendran que pagar tampoco un canon a la Administración, en consecuencia de la explotación de seis parcelas capitalinas afectadas por las tres licitaciones. Y no solo esto, también, cobrarán por los alquileres y servicios que presten, y la Comunidad, en principio, asumirá el pago del IBI, salvo que los involucrados se ofrezcan a hacerlo. Todo este movimiento, supone que las vivendas construidas, las cuales costarán a las adjudicatarias más o menos unos 100 millones de euros, no volverán hasta comienzos del sigiente siglo, es decie el siglo XXII, al dominio público.
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