Irene Montero defiende vías legales para la inmigración y tacha de "absolutamente criminal" la política migratoria de la UE

La eurodiputada de Podemos sostiene que las muertes en las rutas migratorias son consecuencia de la ausencia de canales seguros de acceso y reclama situar los derechos humanos en el centro del debate

30 de julio de 2026 a las 14:01h
Irene Montero defiende vías legales para la inmigración y tacha de "absolutamente criminal" la política migratoria de la UE
Irene Montero defiende vías legales para la inmigración y tacha de "absolutamente criminal" la política migratoria de la UE

Durante su intervención en Mañaneros 360, la eurodiputada de Podemos ha defendido la apertura de vías legales y seguras para la migración y ha calificado de “absolutamente criminal” la política migratoria de la Unión Europea, al considerar que obliga a miles de personas a arriesgar su vida para llegar al continente.

Montero aseguró que las personas migrantes no emprenden travesías por mar si no se encuentran en una situación de extrema necesidad. “Nadie expondría a sus hijos, a su familia o a sí mismo a cruzar el mar pudiendo morir si no fuera porque realmente lo necesita”, afirmó.

La dirigente de Podemos sostuvo que la única respuesta “razonable y respetuosa” pasa por establecer vías legales y seguras de entrada a España y a la Unión Europea, además de garantizar un trato digno a las personas migrantes. En este sentido, criticó que la inmigración se gestione “como si estuvieran llegando paquetes de Amazon” y reclamó que se priorice el respeto a los derechos humanos.

Montero responsabilizó al Partido Popular, al PSOE y a la extrema derecha europea de respaldar las actuales políticas migratorias comunitarias. A su juicio, la falta de canales legales de acceso es la principal causa de las muertes que se producen en las rutas migratorias hacia Europa.

Asimismo, la eurodiputada vinculó el debate migratorio con la inversión pública y defendió destinar más recursos a los servicios públicos. Durante su intervención, volvió a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de priorizar otros gastos frente al fortalecimiento de los servicios públicos.

Montero concluyó que una sociedad democrática debe garantizar que las personas migrantes sean tratadas “como personas” y no como una cuestión de gestión o de seguridad, insistiendo en que la protección de sus derechos debe situarse en el centro de las políticas migratorias.

Montero, sobre el polémico ático de Ayuso, antes de conocerse la última información

Durante su intervención además, Montero sostuvo que los distintos escándalos que afectan a Ayuso no han tenido coste electoral porque, a su juicio, “nadie le ha pasado factura”. En ese sentido, criticó el papel que, según afirmó, desempeñan parte de los medios de comunicación, el poder judicial y otras instituciones, a los que responsabilizó de permitir que la presidenta madrileña actúe sin consecuencias.

La dirigente de Podemos vinculó además los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid al grupo sanitario Quirónsalud con la relación de Ayuso y su pareja, e hizo referencia también al caso de las comisiones cobradas por el hermano de la presidenta durante la pandemia. Asimismo, aludió a la compra de un ático por parte de la pareja de Ayuso y aseguró que responde a un supuesto beneficio derivado de esas relaciones, extremo que la presidenta madrileña niega.

Montero acusó a Ayuso de desviar dinero público para favorecer a personas de su entorno y afirmó que continuará haciéndolo mientras, en su opinión, no existan responsabilidades políticas o judiciales. “Va a seguir robando dinero público, entregándoselo a su hermano, a su novio, comprándose áticos de lujo, y lo va a seguir haciendo hasta que tenga alguna consecuencia”, declaró.

En su intervención, la eurodiputada también criticó el modelo de gestión del Partido Popular y sostuvo que existe una contradicción entre el discurso de la formación sobre la reducción de impuestos y el uso de fondos públicos. Además, mencionó una resolución judicial relacionada con fondos destinados a bomberos y prevención de incendios para reforzar sus críticas a la gestión del Ejecutivo madrileño.

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