El juez Santiago Pedraz ha ampliado un mes más el secreto de la causa en la que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha prorrogado de nuevo el secreto hasta el 9 de junio a la espera de recibir los informes de la UCO relativos al análisis de la documentación intervenida en los múltiples registros y requerimientos practicados en las empresas que habrían otorgado o recibido esos contratos o que habrían servido de pantalla, han informadouentes jurídicas.
La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.
La causa se mantiene bajo secreto desde la detención en diciembre de los tres principales investigados -Díez, Fernández y Alonso- a los que se imputan delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Tras declarar ante el juez, los investigados quedaron en libertad provisional, aunque deberán cumplir varias medidas cautelares. Entre ellas figuran la obligación de comparecer cada quince días ante la Justicia, la retirada de sus pasaportes y la prohibición de abandonar el territorio español mientras continúa el proceso judicial.
Las pesquisas apuntan a que los implicados integraban un grupo denominado Hirurok —expresión en euskera que significa “nosotros tres”— que presuntamente utilizaba su influencia dentro de la Administración pública para favorecer determinados expedientes administrativos en beneficio propio y de terceros. Según los investigadores, aprovechaban sus contactos con responsables vinculados a la función pública para obtener importantes ganancias económicas mediante el cobro de comisiones ilegales.
En las cinco operaciones analizadas hasta ahora, la investigación habría detectado pagos irregulares que alcanzarían al menos 750.614 euros. El dinero, supuestamente, se movía a través de la empresa Mediaciones Martínez mediante contratos y facturas falsas. Paralelamente a las detenciones, la UCO solicitó documentación a organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, además de acudir a empresas de la SEPI como Cofivacasa, Enusa, Sepides y Mercasa, así como a instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid. Los agentes también registraron un bar de Sevilla vinculado a la sociedad La Bola Innovación, donde se incautaron de documentación contable y dispositivos electrónicos para investigar si el local pudo emplearse para blanquear fondos presuntamente ilícitos.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
