La magistrada que instruye la causa sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el complejo residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, ha ordenado a la Policía Nacional que se desplace hasta el Ayuntamiento de Alicante para exigir a sus servicios jurídicos el envío inmediato de diversa documentación que sigue sin remitirse.
Según consta en una providencia dictada este viernes, la jueza adopta esta medida al no constar contestación del consistorio a dos requerimientos previos cursados por el juzgado los días 12 y 21 de mayo, en los que ya se reclamaba la remisión de esos expedientes, tal y como ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En virtud de esta resolución, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante deberá acudir a las oficinas de los servicios jurídicos municipales para “identificar” a la persona responsable y requerirle formalmente que entregue la documentación reclamada “en el plazo improrrogable de cinco días naturales”.
La providencia advierte además de que todo ello se realiza “bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia” tipificado en el artículo 556 del Código Penal.
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