El juicio contra el novio de Ayuso se pospone hasta después de las elecciones de 2027

El juicio contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, acusado de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, no se celebrará antes de las elecciones autonómicas de Madrid de 2027. El aplazamiento se debe a la sobrecarga de trabajo en los juzgados de lo Penal de Madrid, que dificulta fijar una fecha para la vista oral antes de mediados de ese año.

Los juzgados de lo Penal situados en la calle Julián Camarillo de la capital, donde se tramita la causa, han visto aumentada su carga de trabajo con la entrada en vigor de la llamada “reforma Bolaños”, una reforma de la organización judicial que sustituye los juzgados tradicionales por tribunales de instancia y les asigna nuevas competencias, lo que ha incrementado su carga de trabajo y ha retrasado la fijación de fechas para los juicios.

El aplazamiento del juicio se enmarca también en la práctica habitual del Poder Judicial de evitar que causas con gran repercusión pública coincidan con periodos electorales clave, como las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027 en Madrid, para no condicionar la campaña de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Aunque el proceso afecta formalmente a un ciudadano particular, el impacto político que tendría celebrar el juicio en plena precampaña o campaña ha sido uno de los elementos que han tenido en cuenta por su obviedad.

Preámbulo

El caso contra González Amador parte de denuncias por presuntas irregularidades fiscales y uso de facturas falsas para deducir gastos ficticios en ejercicios anteriores, por los cuales la Fiscalía solicita varios años de prisión. La instructora del caso, la jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha considerado que hay indicios suficientes para llevar la causa a juicio, tras rechazar recursos de la defensa.

Además, sigue abierta otra línea de investigación sobre su actividad empresarial, en la que se analizan posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal vinculados a empresas relacionadas con su entorno. Esta causa está pendiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue los informes correspondientes.

El aplazamiento del juicio ha generado reacciones variadas en el ámbito político y judicial, con algunos sectores que critican la saturación de los tribunales y otros que defienden evitar que procedimientos de alto impacto se celebren en periodos electorales.