La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su formación votará en contra este jueves del decreto para formalizar el escudo social y ha achacado esa negativa por incluir a esta iniciativa la moratoria antidesahucios a familias vulnerables, porque, ha señalado que invita a las "ocupaciones".
Este miécoles en la sesión de control en el Congreso, Nogueras ha reprimido al Ejecutivo: "Lo tenemos muy claro, hace unas semanas dijimos pensiones sí, ocapaciones no y cumplimos, como siempre". Además, ha continuado: "Nosotros no engañamos a nadie y sabiéndolo lo han vuelto a hacer mezclando el escudo social con las ocupaciones".
De la misma manera, ha elevado su reprimenda asegurando que el presidente del Gobierno, quiere formalizar esta medida porque, ha apuntado, "persigue titulares". Y, ha culminado diciendo que desde su partido se han dado cuenta de que los socialistas "no son de fiar" porque no cumplen sus pactos.
No obstante, Pedro Sánchez le ha recriminado su vinculación del escudo social con las ocupaciones. Así, ha expresado: “No sé por qué usted tiene que identificar la situaciones de potencial desalojo de colectivos vulnerables con la ocupación, nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Lo que estamos precisamente en ese real decreto ley tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones de venidas de vulneración social, ¿qué tendrá que ver eso con la ocupación?”.
Escudo social
El Escudo Social es un conjunto de medidas del Gobierno de España para proteger a los colectivos más vulnerables frente a crisis económicas, desastres naturales y emergencias sociales, como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania o fenómenos climáticos recientes.
Beneficia principalmente a personas de bajos ingresos, familias numerosas, pensionistas, receptores del Ingreso Mínimo Vital, inquilinos en riesgo de desahucio y afectados por catástrofes o incendios forestales. También incluye apoyos a empresas con costes energéticos elevados y financiamiento para comunidades autónomas y municipios.
Entre sus medidas clave están la suspensión de desahucios para quienes no tengan alternativa habitacional, la prohibición de cortes de suministros básicos, descuentos reforzados en el bono social eléctrico, exenciones fiscales por ayudas ante emergencias, incentivos para vehículos eléctricos y limitaciones de despidos en empresas con ayudas públicas. Además, garantiza transferencias significativas a autonomías y municipios para reforzar la protección social.
