La reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental, ha abierto un nuevo foco de incertidumbre política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La publicación del auto del juez José Luis Calama, que sitúa al expresidente como supuesto máximo responsable de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" destinada a "la obtención de beneficios económicos", ha provocado una fuerte incertidumbre sobre los apoyos de los socios del Gobierno.
En este sentido, la preocupación se encuentra en la estabilidad de la legislatura. La coalición que conforman PSOE y Sumar depende, para mantenerse en el poder, del respaldo parlamentario de Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Podemos y Coalición Canaria. En este contexto, la situación judicial de Zapatero amenaza con erosionar aún más, a un PSOE que se encuentra cada vez más en decadencia.
En estos momentos, todas las miradas están puestas en la declaración que el expresidente prestará ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Entre los socios del Ejecutivo existe la sensación de que esa comparecencia puede marcar un antes y después en cuanto a mantener el apoyo al Ejecutivo de Sánchez.
Uno de los socios más relevantes para la estabilidad parlamentaria, el PNV, ha optado por una posición de prudencia. Los nacionalistas vascos calificaron las imputaciones como "graves", aunque han insistido en la necesidad de esperar al desarrollo de la instrucción judicial antes de adoptar conclusiones definitivas. En el partido consideran determinantes tres hitos: la declaración de Zapatero el 2 de junio, el inicio del juicio contra el hermano de Pedro Sánchez previsto para el 28 de mayo y la futura sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas, esperada antes del verano.
Desde ERC, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Gobierno planteó la pregunta: "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda". Rufián añadió además que el caso adquiere relevancia porque Zapatero continúa siendo "un enorme activo electoral para la izquierda".
Podemos también ha expresado preocupación por el impacto del procedimiento judicial. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, afirmó que el PSOE "se ve acosado por casos de corrupción clarísimos" y consideró que el caso de Zapatero es "moralmente cuestionable", al entender que el auto judicial contiene "indicios bastantes claros". Por su parte, Junts ha reclamado "esclarecer los hechos".
Paralelamente, el Partido Popular no descarta impulsar una moción de censura, aunque actualmente carece de los apoyos necesarios para prosperar. La declaración de Zapatero podría convertirse así en una fecha decisiva tanto para la continuidad de la legislatura como para los movimientos de la oposición.
En este sentido, Alberto Núñez Feijóo, en el día de ayer, no descartó la iniciativa que le propuso la extrema derecha sobre la moción, porque, señaló, que hará “todo lo posible para que cambie el Gobierno” y para echar al presidente Pedro Sánchez. También, aseguró que deben ser los socios de la investidura los que tienen que “mover ficha”. “Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno. Es la hora de que esta pregunta la respondan los socios”, sentenció.
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