Se acabó la fase de las maniobras procesales, llega la hora de la verdad de la Justicia para el que fue el hombre más poderoso del PSOE de Pedro Sánchez: su exnumero dos en el partido y su todopoderoso ministro de Transportes e Infraestructuras.
El Tribunal Supremo ha rechazado este martes la pretensión de José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García de que el proceso por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia no se celebrase ante el alto tribunal. La vista oral arrancará el próximo 7 de abril y, además, la Sala ha acordado citar como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Así se recoge en un auto, en el que el Supremo responde a las solicitudes formuladas por Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde noviembre, durante la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero. Entonces, sus defensas sostuvieron que el Supremo carecía de competencia y reclamaron que el procedimiento continuara en la Audiencia Nacional, al haber perdido el exministro el aforamiento tras renunciar a su escaño en el Congreso.
La Sala de lo Penal descarta todas las nulidades invocadas por las defensas en esa vista preliminar y ratifica su competencia para enjuiciar la causa. Del mismo modo, rehúsa elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como planteó la defensa del exasesor de Ábalos al entender que el Supremo había perdido la competencia.
De este modo, la Sala sentará en el banquillo a Ábalos y a Koldo, junto al presunto intermediario Víctor de Aldama, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
Hasta 30 años de prisión y más de 75 testigos
Los magistrados han acordado que declaren en el juicio, como testigos, Torres y Armengol, que durante la pandemia presidían los gobiernos de Canarias y Baleares, respectivamente, ejecutivos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa considerada núcleo de la presunta trama.
En la relación de más de 75 testigos aceptados figuran también la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el “caso Koldo”; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como antiguos jefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, además de empresarios, familiares y personas del entorno de los acusados.
En cambio, el tribunal ha rechazado que comparezcan como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, o la exministra de Industria Reyes Maroto, al considerar que no guardan relación directa con el objeto del procedimiento.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, y para el empresario piden la misma pena interesada por el Ministerio Público.
