El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a una inhabilitación de dos años para ejercer su cargo y a una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados, además, de la obligación de indemnizar a la pareja del presidenta madrileña con 10.000 euros en concepto de daños morales.
A partir de ese momento se produjeron cambios en la cúpula del Ministerio Público. Vimos su renuncia con la frase “es el momento de abandonar”, protestas a las puertas del alto tribunal y un auténtico terremoto de pronunciamientos políticos a favor y en contra.
Por un lado, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, activó la maquinaria interna para readmitir a García Ortiz en el Ministerio Público, una decisión que González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no parece dispuesto a aceptar.
Por otro lado, las sentencias del alto tribunal no son recurribles en la vía ordinaria. Esto quiere decir que únicamente existen tres vías para evitar la ejecución de la sentencia: el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el indulto del Gobierno y acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Volvemos a la máquina de escribir para aclarar dos cuestiones: ¿qué ha planteado González Amador frente a la reincorporación de García Ortiz a la Fiscalía y qué pasará con el indulto del Gobierno?
¿Qué ha pedido la pareja de Ayuso?
González Amador, a través de sus abogados, ha solicitado la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. En otras palabras, pide que se anule el decreto que le readmitía en la sección de lo Social del Supremo y que se le permita formular alegaciones por ser víctima de todo este proceso.
Peramato aprobó este decreto después de que la Inspección Fiscal estudiara el asunto y diera luz verde a la readmisión de García Ortiz.
Es una realidad que la inhabilitación para ser fiscal general del Estado forma parte del fallo, pero el Supremo no entró a valorar si debía o no continuar trabajando como fiscal, es decir, como funcionario público. A fin de cuentas, la interpretación del fallo es la principal arma de González Amador, quien pretende la expulsión total de la Fiscalía.
Fuentes jurídicas ya adelantaban que, llegado el juicio de la causa que tiene pendiente González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla por un supuesto fraude fiscal, entre otros delitos, planteará la nulidad de las actuaciones por la vulneración del derecho de defensa, al no haber podido contar con un procedimiento con todas sus garantías y haberse filtrado el correo en el que buscaba una conformidad con el consiguiente reconocimiento de los hechos.
¿Habrá indulto del Gobierno?
La tramitación del indulto la detalla una ley muy antigua, de 18 de junio de 1870, que explica los pasos a seguir en esta petición de carácter extrajudicial.
El Ministerio de Justicia confirma que dos particulares han enviado una solicitud para que se apruebe el indulto del Ejecutivo central en favor de García Ortiz y que ahora la cartera de Bolaños pedirá al alto tribunal que se pronuncie.
El órgano sentenciador recabará también el pronunciamiento de la Fiscalía y una vez la documentación esté completa, será enviada al Ministerio de Justicia. En ese momento, el ministro Bolaños llevará la propuesta de indulto a la mesa del Consejo de Ministros, que se pronunciará sobre si debe o no aprobarse en beneficio del ex fiscal general del Estado.
En el ejercicio de la abogacía no es extraño realizar este tipo de peticiones para retrasar la ejecución de una condena, por ejemplo el ingreso en prisión de un individuo, aunque como tal no tiene efectos suspensivos y los jueces tienen la última palabra.
Nadie deja claro qué pasará con García Ortiz ni si se aplicará la condena, pero lo que ya no podrá modificarse es el fallo del Supremo que ha pasado a la historia.
