El Tribunal Supremo ha dado la razòn al ministro Óscar Puente en su batalla legal contra el corresponsal de ABC en Estados Unidos, David Alandete. El Alto Tribunal asegura que las manifestaciones realizadas por Puente, que fue demandado por el periodista, "se insertan en un contexto de debate político, en el que el derecho a la libertad de expresión alcanza su màs elevado nivel de protección constitucional y convencional".
El Supremo razona que las publicaciones de Alandete en las redes sociales contra el ministro revelan que "el actor no se limitó al ejercicio ordinario de su actividad informativa, sino que asumió voluntariamente una posición especialmente visible y activa dentro de una controversia política de evidente interés general, contribuyendo personalmente al debate público generado".
"El examen literal y contextual de las expresiones utilizadas por el demandado no permite apreciar el empleo de términos inequívocamente insultantes, ultrajantes o vejatorios desvinculados del debate político existente entre las partes. Constituyen opiniones y manifestaciones claramente críticas, sarcásticas e incluso desabridas, pero integradas dentro de una controversia pública y política preexistente", zanja el Supremo.
Tampoco cabe apreciar que las manifestaciones del demandado hayan generado un efecto intimidatorio o disuasorio incompatible con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Tras difundir la resolución judicial, Puente ha escrito en sus redes sociales: "¿Algo que comentar? ¿No vas a informar a tus seguidores? Te ha salido rana tratar de coartar mi libertad de expresión".
Este litigio surgió después de que Alandete, corresponsal acreditado en la Casa Blanca, formulara preguntas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cumplimiento por España de los compromisos de defensa asumidos en OTAN.
Posteriormente, el periodista defendió públicamente en redes sociales la legitimidad de realizar preguntas incómodas a los responsables políticos y anunció su intención de seguir abordando esa cuestión en futuras comparecencias.
A raíz de ello, Puente publicó varios mensajes en los que criticó la actuación profesional del periodista y cuestionó la reiteración de sus preguntas sobre el gasto militar español. Alandete sostuvo que esas manifestaciones dañaban su reputación profesional y reclamó, entre otras medidas, una indemnización de 20.000 euros.
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