Inédita mayoría parlamentaria. El Congreso ha dado luz verde este jueves, con el apoyo de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, a la reforma del Código Penal promovida por la formación de Carles Puigdemont para endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia, una de las condiciones que Junts había puesto al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras iniciativas legislativas.
La votación ha puesto de manifiesto la brecha entre los dos socios del Ejecutivo, ya que Sumar ha rechazado con contundencia la propuesta, igual que Bildu, Podemos, BNG y Compromís. ERC, en cambio, ha optado por la abstención tras pactar un refuerzo de la planta judicial en Cataluña.
En el debate en el Pleno, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que la norma “nace del territorio, no de los despachos” y que llega “muy tarde” tras “bloqueos y dilaciones”. Ha subrayado que con esta ley “se ataca la impunidad” y que es “una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil” para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
Desde el PP, Cuca Gamarra ha denunciado el “secuestro” de la ley durante meses y ha insistido en que el “pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide”. Ha añadido que “reincidir en España ya no sale gratis” y que “el delito no puede ser rentable”. “España se viene a trabajar y el que venga a delinquir a su país”, ha remachado.
En la bancada socialista, Francisco Aranda ha alertado de que “equiparar inmigración con delincuencia” es “un discurso muy peligroso” y ha reivindicado que el Ejecutivo actúa “desde la óptica de un Gobierno de izquierdas”, “sin fiarlo todo al punitivismo”.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha considerado la reforma “necesaria, pero no suficiente” y ha celebrado que “la realidad acaba imponiéndose”. “No estamos ante una abstracción jurídica --ha insistido--. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso”.
También el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha respaldado la ley, al entender que pretende dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas, ya que la regulación vigente “resulta ineficaz” y alimentaba la sensación de que “por una puerta entra y por otra salen”.
Sumar se desmarca
El portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, se ha situado en la primera línea de la oposición a la norma, rechazando que se endurezcan las penas para “delincuentes de poca monta, mientras hay impunidad con los fuertes” y advirtiendo de que “solo sirve para fortalecer a la ultraderecha”. Podemos ha descrito igualmente la reforma como “populismo punitivo”.
En la misma sintonía, el diputado de Bildu Jon Iñarritu ha argumentado que el incremento de castigos “es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención” y que, aplicado a delitos leves, “no sirve para nada”.
