El Partido Popular ha redoblado este martes su presión sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha reclamado nuevamente su salida del cargo tras conocerse los contactos que ha mantenido con Leire Díez. La formación ha considerado que estos encuentros han resultado incompatibles con la responsabilidad institucional que desempeña al frente del instituto armado.
La petición de dimisión se ha producido horas antes de la comparecencia de González en el Senado, donde ha tenido que dar explicaciones sobre las reuniones mantenidas con la exmilitante socialista. Según la documentación remitida al juez Santiago Pedraz, la directora general ha reconocido haber mantenido reuniones con Leire Díez fuera de dependencias oficiales, mientras que los investigadores han sostenido que se han producido "al menos tres encuentros".
En este contexto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha elevado el tono antes de participar en un acto informativo encabezado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado ante los medios que González "no puede continuar ni un solo día más en su cargo".
El dirigente popular ha sostenido además que la directora general habría tolerado actuaciones dirigidas contra agentes de la UCO y ha afirmado que resulta "indigna del puesto" que ocupa. A su juicio, las responsabilidades políticas también han alcanzado a quienes han respaldado su continuidad al frente de la institución.
Asimismo, ha acusado a la directora de haber trabajado "en favor de la mafia, la mafia socialista", unas declaraciones con las que ha vinculado los encuentros mantenidos con Leire Díez a una supuesta estrategia para desacreditar investigaciones en marcha.
El secretario general del PP ha ido más allá y ha calificado a González como "una deshonra para la Guardia Civil", al considerar que sus reuniones se han producido con personas que, según ha sostenido, han conspirado contra agentes de la UCO, jueces, fiscales y periodistas.
Para concluir, Tellado ha defendido que todas estas actuaciones han perseguido el objetivo de proteger al presidente del Gobierno y obstaculizar las investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción. En ese sentido, ha definido la situación como "delitos para tapar delitos" y "escándalos al cuadrado".
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