El Partido Popular y Vox llegaron después de cuatro meses a un acuerdo para llevar a cabo la investidura a la presidencia de la Junta de Extremadura de la candidata ‘popular’, María Guardiola. Dentro del pacto en el que el PP ha cedido al partido de extrema derecha una vicepresidencia, dos consejerías y dos senadores, han incluido el término “prioridad nacional” para limitar el acceso a derechos sociales de las personas migrantes. Asimismo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo se va a pronunciar este miércoles en el Congreso después del registro de una moción de enmienda a iniciativa del partido de ultraderecha.
No obstante, entre las formaciones tienen discrepancias sobre el significado del concepto. Los ‘populares’ explican que, con esta enmienda, quieren dar acceso a a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
En esta línea se ha posicionado el líder del PP quien ha expresado que se refiere a "valorar el tiempo que lleva una persona viviendo" en el territorio español. Sobre el acuerdo en Extremadura, ha aclarado: "Lo que se dice es el arraigo, donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de la persona, es lo que se dice y además".
Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha sentenciado que se entiende la “prioridad nacional” como “los españoles sobre cualquier otra consideración". Y ha añadido que en cuestión de vivienda y de sanidad, los nacidos en España tienen preferencia y que se les permite el acceso al sistema sanitario en casos de asistencia urgente o de emergencia.
Así, desde Vox han presentado una moción que van a llevar este miércoles al Congreso. El texto habla de “garantizar la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a la vivienda. Pero no solo. También exige “garantizar la sostenibilidad” del “sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del “sistema sanitario”.
Por ello, el partido de Santiago Abascal exige “derogar decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español”. Asimismo, quiere “garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas” a los españoles.
