El pasado mes de febrero el Congreso argentino aprobó la reforma laboral, Ley de Modernización Laboral, del presidente ultra de Argentina, Javier Milei. No obstante, ha sido suspendida por la justicia este lunes después de la petición de la Conferencia General del Trabajo (CGT).
En este sentido, de los 218 artículos, 82 han sido suspendidos temporalmente porque, el juez ha considerado que tienen indicios “serios y graves” por ir en contra de la Constitución, no cumple con la libertad sindical y con los derechos. Sin embargo, en la línea que caracteriza al gobierno ultra de Argentina, harán un recurso de apelación ante los tribunales.
La Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei busca introducir una amplia flexibilización del mercado de trabajo argentino. Entre sus principales puntos se encuentran la reducción de las indemnizaciones por despido, la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses, la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral y la eliminación de sanciones a empleadores en casos de trabajo no registrado. Además, la norma promueve nuevas modalidades de contratación temporales y por proyecto, impulsa el fomento del trabajo independiente y otorga mayor libertad a las empresas para modificar condiciones laborales según la situación económica o productiva.
Otro aspecto central de la ley es la reforma del sistema sindical y de negociación colectiva. La legislación facilita los acuerdos individuales entre empleados y empleadores, por encima de los convenios colectivos, y limita el alcance de la representación sindical dentro de las empresas. También restringe las licencias gremiales y el derecho a huelga en ciertos servicios considerados esenciales. En conjunto, estas medidas buscan, según el Ejecutivo, “modernizar” las relaciones laborales y reducir los costos empresariales, aunque los críticos sostienen que implican un retroceso en derechos adquiridos y en la protección de los trabajadores.
