Sanidad aprobará hoy el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que tiene como objetivo limitar la privatización de hospitales públicos y reforzar el carácter público del sistema sanitario. La norma establece criterios estrictos para cualquier colaboración público-privada, priorizando la calidad, la eficiencia y la transparencia, y promoviendo acuerdos con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines de lucro.
La ley derogará la ley de 1997, que permitió la concesión de hospitales públicos a empresas privadas, y establecerá restricciones para nuevas privatizaciones, que solo podrán realizarse en casos excepcionales, cuando no haya alternativa pública y se garanticen estándares de sostenibilidad, eficiencia y calidad, siempre con informes técnicos previos evaluados por un comité de expertos.
Transparencia y límites a la gestión privada
Además, la normativa prohibirá contratos en los que la empresa privada construya y gestione un hospital, reforzando el carácter público de los centros sanitarios. También obligará a las comunidades autónomas a mantener mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, publicando periódicamente información sobre contrataciones y resultados sanitarios.
La ley no tendrá efecto retroactivo, por lo que los contratos y concesiones ya vigentes continuarán bajo la normativa actual. La medida se enmarca en un contexto de debate sobre la gestión de la sanidad pública y la necesidad de limitar la participación de empresas privadas en la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
