Sanidad aprobará hoy el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que tiene como objetivo limitar la privatización de hospitales públicos y reforzar el carácter público del sistema sanitario. La norma establece criterios estrictos para cualquier colaboración público-privada, priorizando la calidad, la eficiencia y la transparencia, y promoviendo acuerdos con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines de lucro.
La ley derogará la ley de 1997, que permitió la concesión de hospitales públicos a empresas privadas, y establecerá restricciones para nuevas privatizaciones, que solo podrán realizarse en casos excepcionales, cuando no haya alternativa pública y se garanticen estándares de sostenibilidad, eficiencia y calidad, siempre con informes técnicos previos evaluados por un comité de expertos.
Transparencia y límites a la gestión privada
Además, la normativa prohibirá contratos en los que la empresa privada construya y gestione un hospital, reforzando el carácter público de los centros sanitarios. También obligará a las comunidades autónomas a mantener mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, publicando periódicamente información sobre contrataciones y resultados sanitarios.
La ley no tendrá efecto retroactivo, por lo que los contratos y concesiones ya vigentes continuarán bajo la normativa actual. La medida se enmarca en un contexto de debate sobre la gestión de la sanidad pública y la necesidad de limitar la participación de empresas privadas en la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud.
