La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha iniciado una campaña para organizar la primera huelga estatal de alquileres contra la empresa Alquiler Seguro, a la que acusa de mantener “prácticas sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad”. La iniciativa busca movilizar a miles de arrendatarias en todo el país tras años de denuncias, conflictos y procedimientos judiciales sin resolución inmediata.
El plan arranca con una fase de organización que incluye recorrer cerca de 30.000 viviendas gestionadas por la compañía en España. El objetivo es contactar directamente con las inquilinas, informarles de sus derechos y sentar las bases de una posible huelga colectiva. Según la Confederación, ya hay “cientos de familias organizadas”, muchas de ellas afectadas que han acudido al sindicato tras experiencias prolongadas de abuso.
Entre las principales denuncias figuran el cobro de honorarios presuntamente ilegales, la imposición de seguros vinculados y la contratación obligatoria de suministros con empresas del mismo grupo. También señalan prácticas como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda o la falta de mantenimiento. “No podemos esperar más. Estamos hartas”, afirma la organización en su comunicado.
El conflicto tiene su origen en febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid presentó una demanda judicial contra Alquiler Seguro. Poco después, también interpuso una denuncia ante la Dirección General de Consumo por posibles cláusulas abusivas, cobros indebidos y vulneración del derecho de desistimiento.
Como resultado de ese proceso administrativo, el Ministerio de Consumo impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa, aunque la resolución aún no es definitiva. Desde los sindicatos critican que esta medida no compensa a las personas afectadas que ya han pagado esos importes, lo que refuerza su apuesta por la movilización colectiva.
En paralelo, sigue en curso una demanda judicial contra la compañía por el cobro “encubierto” de honorarios y la gestión “irregular” de depósitos. Sin embargo, el juicio no está previsto hasta febrero de 2028, un calendario que las organizaciones consideran incompatible con la urgencia del problema. “La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día”, denuncian.
Ante esta situación, la Confederación plantea la huelga de alquileres como una forma de “desobediencia y acción directa”. La convocatoria aún no tiene fecha y deberá aprobarse en asambleas una vez finalice la fase inicial de organización, pero el objetivo es ejercer presión directa sobre el modelo de negocio de la empresa.
Según sostienen, una huelga de estas características podría afectar a la capacidad de Alquiler Seguro para garantizar los pagos a los propietarios, lo que obligaría a la compañía a modificar su funcionamiento. “No podrán sostener este modelo”, aseguran desde los sindicatos, que enmarcan la campaña en una lucha más amplia contra el encarecimiento del acceso a la vivienda, que sitúan en más de 4.000 euros cada cinco o siete años solo para entrar en un alquiler.
