La Audiencia de Badajoz inicia este jueves 28 de mayo el juicio oral por el caso que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Después dos años de investigación, el procedimiento judicial se centra ahora en determinar si el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz fue diseñado específicamente para él, es decir, si hubo enchufismo. La Fiscalía pidió el archivo de la causa al considerar "pocos indicios y muchas conjeturas". Por otro lado, la acusación popular formada por PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa, solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación para Sánchez.
Las defensas de David Sánchez y de Miguel Ángel Gallardo han arrancado su intervención en el juicio planteando distintas cuestiones de nulidad. En el caso del expresidente de la Diputación de Badajoz, sus abogados sostienen que nunca se le tomó declaración durante la instrucción, motivo por el que consideran que el procedimiento presenta defectos de forma. Además, su estrategia pasa por desmontar la tesis del supuesto enchufe al asegurar que, cuando se creó la plaza ocupada por el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya no tenía poder orgánico dentro del PSOE.
Por su parte, la defensa de David Sánchez ha aportado al tribunal dos certificados con los que pretende acreditar la homologación de dos de sus títulos académicos. Al mismo tiempo, sus abogados han formulado también dos cuestiones de nulidad por supuesta vulneración de derechos fundamentales y por entender que el procedimiento se ha basado en “ser una investigación de carácter prospectivo”.
El letrado del hermano del presidente ha insistido en que la denuncia inicial “se presentó por correo” y que hacía referencia a delitos distintos de los que finalmente han dado lugar al juicio oral. En esa línea, ha criticado además que durante la instrucción se pusiera el foco sobre el supuesto “absentismo” de Sánchez y ha defendido que “No ir a trabajar nunca ha sido delito en este país”.
Asimismo, el abogado, ha argumentado que aunque durante la instrucción se hubieran reunido indicios incriminatorios, estos quedarían invalidados por el punto de partida del caso. “La raíz está podrida”, ha sentenciado ante el tribunal.
De la misma forma, ha asegurado que el “silencio” mantenido por la acusación popular le resulta comprometedor y ha expresado que, en cualquier caso, se estaría ante un “delito leve”. Sobre este punto, ha añadido que el supuesto delito se habría producido en el instante en el que David Sánchez “aceptó la plaza que podría ser ilícita”, es decir, en junio de 2017, cuando firmó el contrato como coordinador de los conservatorios provinciales.
Con ese razonamiento, la defensa ha sostenido que cualquier posible responsabilidad penal ya habría “prescrito”, al considerar que el delito, de existir, quedó consumado en el momento de la contratación. Tras finalizar la intervención de los abogados de David Sánchez, el juicio continúa con las exposiciones del resto de defensas antes de que el tribunal se retire a deliberar sobre todas las cuestiones previas planteadas.
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