La interceptación israelí de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales ha llegado a la Audiencia Nacional. El juez Francisco de Jorge ha admitido a trámite dos querellas contra dos mandos militares israelíes por las posibles detenciones ilegales cometidas durante el abordaje de las embarcaciones que navegaban hacia Gaza con ayuda humanitaria.
La decisión se adopta contra el criterio de la Fiscalía y abre una investigación centrada en lo ocurrido el 1 de octubre de 2025 a bordo de los barcos de bandera española. La flotilla se encontraba entonces en alta mar, a unas 70 millas náuticas de la costa, cuando las fuerzas israelíes tomaron el control de varias naves y privaron de libertad a sus tripulantes.
Las querellas fueron presentadas por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y varios particulares que participaron en la misión. Se dirigen contra Eyal Zamir y Ram Rotberg, a quienes los denunciantes atribuyen responsabilidad de mando sobre las fuerzas que participaron en la operación.
Los barcos españoles sostienen la competencia de la Audiencia Nacional
La clave de la decisión está en el pabellón de las embarcaciones. Según recoge el auto, varios de los buques abordados navegaban con bandera española y se encontraban bajo jurisdicción de España cuando fueron interceptados en alta mar.
El juez se apoya en las reglas del Derecho del Mar para considerar que la justicia española puede investigar los posibles delitos cometidos dentro de esas naves. El abordaje, la toma de control y la privación de libertad comenzaron mientras los barcos seguían sometidos a la jurisdicción española.
Ese vínculo permite a De Jorge abrir diligencias por detención ilegal, aunque los hechos ocurrieran lejos del territorio peninsular. La resolución señala que las fuerzas israelíes habrían accedido por la fuerza a las embarcaciones, destruido objetos y retenido a las personas que viajaban en ellas, entre las que había decenas de ciudadanos españoles.
La admisión de las querellas abre la instrucción y permitirá determinar cómo se desarrolló la operación, qué unidades participaron y qué responsabilidad puede atribuirse a los mandos señalados. La eventual responsabilidad penal tendrá que concretarse a partir de las pruebas que se incorporen al procedimiento.
La investigación queda limitada al interior de las embarcaciones
Los denunciantes habían atribuido a los responsables israelíes posibles delitos de piratería, detención ilegal, torturas, malos tratos y ataques contra personas protegidas durante un conflicto armado. También habían dirigido sus acciones contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, y contra Yosef Knipes, responsable de la prisión de Ketziot.
El juez ha acotado el procedimiento. La Audiencia Nacional investigará las detenciones producidas dentro de los barcos españoles, pero deja fuera de esta causa los hechos posteriores al traslado de los activistas a Israel.
La resolución considera que, una vez conducidos a territorio israelí o a buques militares de ese país, los acontecimientos quedaron desligados del ámbito directo de la jurisdicción española. Por ese motivo, el magistrado rechaza por ahora investigar en esta causa las denuncias de torturas y malos tratos en la prisión de Ketziot y tampoco admite las acciones dirigidas contra Ben Gvir y Knipes.
Esta delimitación reduce el alcance que pretendían las querellas, aunque mantiene abierta la investigación sobre el momento que permitió efectuar las detenciones y trasladar posteriormente a los tripulantes.
✅⚖️ La Audiencia Nacional acaba de admitir la querella del @pce.es e @izquierdaunida.org contra el comandante en jefe de Israel y el almirante de su fuerza naval por delitos de detención ilegal, piratería, tortura y más crímenes cometidos contra los integrantes de @freedomflotilla.bsky.social
— Enrique Santiago (@enriquesantiago.bsky.social) 10 de julio de 2026 a las 16:07
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Enrique Santiago ha celebrado la admisión de la querella presentada por el PCE e Izquierda Unida y ha recordado que la denuncia original incluía delitos de detención ilegal, piratería, tortura y otros hechos relacionados con el tratamiento recibido por los integrantes de la flotilla.
Una misión humanitaria interceptada en aguas internacionales
La Global Sumud Flotilla partió con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el bloqueo impuesto sobre la Franja. La componían más de 40 embarcaciones y varios centenares de participantes de diferentes nacionalidades, entre ellos activistas, juristas, representantes políticos, periodistas y personal sanitario.
Entre los españoles se encontraba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, una de las figuras más conocidas de la expedición. Tras la interceptación, los ocupantes fueron trasladados al puerto israelí de Ashdod y después a centros de detención antes de ser deportados.
Los participantes denunciaron a su regreso que habían sido retenidos contra su voluntad y que algunos de ellos habían sufrido humillaciones, amenazas y malos tratos durante su estancia en Israel. Esos episodios quedan fuera del procedimiento abierto ahora en la Audiencia Nacional porque se produjeron después de abandonar las embarcaciones españolas.
La investigación se concentra así en el primer tramo de la operación, desde la llegada de las fuerzas israelíes hasta el momento en que los tripulantes fueron sacados de los barcos.
La diferencia con la querella contra Netanyahu
La decisión de De Jorge contrasta con el archivo, en octubre de 2025, de otra querella por el abordaje del Madleen, una embarcación de la Flotilla de la Libertad interceptada meses antes por Israel. En aquel caso, otro juez de la Audiencia Nacional concluyó que España carecía de jurisdicción para investigar al primer ministro Benjamin Netanyahu y a varios dirigentes militares israelíes.
La diferencia reside en el vínculo territorial utilizado ahora. En el caso de la Global Sumud, los hechos investigados ocurrieron dentro de embarcaciones de pabellón español, una circunstancia que el instructor considera suficiente para activar la competencia de los tribunales españoles.
El auto tampoco resuelve todavía cómo encaja esta causa con el procedimiento abierto en la Corte Penal Internacional sobre la situación en Palestina. La CPI mantiene desde 2021 una investigación formal y ha dictado órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De Jorge ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que aclare si la Audiencia Nacional puede investigar de forma independiente las detenciones ocurridas en los barcos españoles o si esos hechos deben incorporarse a las pesquisas que ya se desarrollan en La Haya.
La causa queda ahora pendiente de esa respuesta. Hasta que llegue, el Juzgado Central de Instrucción número 1 seguirá practicando las diligencias urgentes sobre lo ocurrido a bordo de las embarcaciones españolas.
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