La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentaado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado para pedirle autorización para viajar tanto a la cumbre de la OTAN, como a la graduación en Londres de su hija, después de que este le interpusiera medidas cautelares como la retirada de su pasaporte.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fue citada el pasado miércoles a las 18.00 horas en el juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado, en el marco de las medidas cautelares acordadas tras la apertura de juicio oral en su contra. La comparecencia tuvo lugar el mismo día en que Pedro Sánchez afrontó en el Congreso de los Diputados una de sus intervenciones más delicadas de la legislatura, marcada por las referencias a los distintos casos judiciales que afectan a su entorno político.
En este contexto, fue la quinta ocasión en la que Begoña Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla. La decisión judicial llegó después de que el juez Peinado dictara días antes la apertura de juicio oral con jurado popular contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, dentro de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
La defensa de Gómez recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid las tres medidas cautelares impuestas, al considerar que eran desproporcionadas y que no existía riesgo de fuga.
Peinado expedientado por el CGPJ
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió después de haber celebrado el día anterior una sesión extraordinaria telemática para analizar la resolución dictada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante ese encuentro, la mayoría de los vocales acordó abrir un expediente disciplinario al magistrado, una decisión que contó con el respaldo de la presidenta del órgano, Isabel Perelló.
La apertura del expediente no suponía automáticamente una sanción para Peinado, sino el inicio de actuaciones para examinar las manifestaciones incluidas en su resolución sobre los agentes encargados de la protección de Gómez. Además, el magistrado tenía previsto formalizar su jubilación en el plazo aproximado de tres meses.
La decisión del CGPJ se produjo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitiera una queja formal al órgano de gobierno de los jueces por el contenido del auto y solicitara la adopción de las medidas que considerase oportunas. La iniciativa llegó tras las referencias realizadas por Peinado a los escoltas de la esposa del presidente.
En aquella resolución, el juez acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos e impuso diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Peinado justificó estas medidas al apreciar un posible riesgo de fuga y afirmó que "no cabe duda" de que los integrantes de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Estas afirmaciones provocaron una inmediata reacción del Ministerio del Interior. En el escrito remitido a la presidenta del CGPJ, Marlaska denunció el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y calificó lo ocurrido como "un hecho de máxima gravedad". El departamento sostuvo además que las "sospechas injustificadas" expresadas por el magistrado afectaban tanto a los escoltas como a sus mandos, al insinuar que podrían llegar a impartir órdenes contrarias a la legalidad.
Paralelamente, las declaraciones del juez también generaron una contundente respuesta de los sindicatos policiales. La organización Jupol, mayoritaria en la Policía Nacional, exigió públicamente una rectificación al considerar una "barbaridad" la posibilidad planteada por Peinado de que agentes encargados de la seguridad de la Presidencia del Gobierno pudieran colaborar en una eventual fuga.
"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", señaló el sindicato en un comunicado difundido a través de redes sociales.
Jupol defendió además la profesionalidad de los escoltas y recordó que su función consiste en garantizar la seguridad de las autoridades a las que protegen "en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales". El sindicato consideró que cuestionar su actuación carecía de fundamento y suponía un descrédito injustificado para servidores públicos que desempeñan diariamente su labor al servicio de los ciudadanos. Finalmente, reclamó una rectificación al entender que aquellas declaraciones proyectaban una sospecha infundada sobre los cuerpos policiales y podían dañar la confianza en las instituciones del Estado.
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