La Audiencia Nacional analiza este jueves los supuesto mensajes del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz a su ex número dos Francisco Martínez, junto a un perito, en el juicio por el ‘caso Kitchen', en el que se investiga la supuesta trama de espionaje parapolicial al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con el objetivo de obtener información que pudiese salpicar al PP durante la investigación de la Gürtel.
Así, culminará la fase pericial, con la declaración de un perito, que, solicitado por los abogados defensores del antiguo ministro del Interior, realizó un informe en el que señalaba que los mensajes utilizados por Francisco Martínez para acusarle podrían haber sido alterados o modificados.
Esos mensajes hablaban de Sergio Ríos, antiguo conductor de Bárcenas y supuesto confidente de la trama. El exministro aseguró que los mensajes no eran auténticos, lo que provocó que durante la investigación judicial él y Francisco Martínez se enfrentaran en un careo lleno de acusaciones mutuas, aunque ambos coincidieron en rechazar la existencia de la llamada operación Kitchen.
Durante el juicio también comparecieron los dos notarios ante los que Francisco Martínez dejó registrados esos mensajes. Ambos reconocieron que no realizaron ninguna comprobación para confirmar que realmente hubieran sido enviados por el exministro.
¿Quién ordenó supuestamente investigar a Bárcenas?
Entre los acusados se encuentra, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Rajoy, es el principal acusado. La Fiscalía le imputa por organización criminal, malversación de fondos reservados, revelación de secretos y prevaricación, pidiendo 15 años de cárcel más 33 de inhabilitación por autorizar el espionaje ilegal desde su ministerio.
Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, enfrenta los mismos cargos más encubrimiento, con igual pena solicitada. Se le acusa de coordinar directamente los 53.266 euros desviados y reuniones con Villarejo para organizar la operación.
José Manuel Villarejo, comisario jubilado y ejecutor material, es el más castigado: 19 años por organización criminal, malversación y revelación de secretos. Él reclutó al chófer Sergio Ríos, allanó el taller de Bárcenas y coordinó seguimientos y pinchazos a las conversaciones del extesorero.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), se le acusa de organización criminal, malversación y revelación de secretos. La Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por autorizar desde la cúpula policial el desvío de fondos reservados y supervisar el operativo de espionaje contra Bárcenas. Fue el puente entre Interior y Villarejo, validando los pagos ilegales al chófer Sergio Ríos.
Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas convertido en el topo, enfrenta malversación y revelación de secretos. Cobró 53.000 euros de fondos públicos (2.000€/mes + extras) por pinchar conversaciones, entregar documentos de la caja B y facilitar el allanamiento del taller de Bárcenas. Piden 8 años y 5 meses de prisión.
Andrés Gómez Gordo, asesor personal de María Dolores de Cospedal en Génova, está imputado por organización criminal y malversación. Gestionó directamente facturas falsas de fondos reservados (comidas, pistola para Ríos) y coordinó con Villarejo. PSOE pide prisión provisional por riesgo de fuga; Fiscalía solicita 15 años.
Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, se le acusa de malversación por entregar dinero público a Villarejo (parte de los 53.000€). Fue el "repartidor" físico de los fondos reservados justificados falsamente como "seguridad". Piden 2 años y 6 meses de cárcel.
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF -policías que investigaban Gürtel-, enfrenta revelación de secretos y posible soborno. Se le imputa por filtrar información sensible de la investigación judicial a la trama ‘Kitchen’ para obstaculizarla. Fiscalía pide 6 años de prisión.
Para completar la lista, se sentarán asimismo, Bonifacio Díez Sevilla, inspector de policía, conocedor de la trama, como al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quienes la acusación popular reclama 13 años de prisión.
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