El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, ha citado a declarar como procesado al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez, el próximo 19 de mayo mediante videoconferencia. La decisión marca un avance clave en una investigación que ha destapado una presunta trama de corrupción vinculada al narcotráfico.
El cambio de estatus procesal se produjo el pasado 9 de marzo, cuando el juez suspendió una comparecencia inicialmente voluntaria para reconvertirla en indagatoria, el trámite propio de los encausados. Sánchez permanece en prisión provisional desde finales de 2024 y su defensa solicitó más tiempo para preparar su declaración tras esta nueva situación judicial.
Según el auto de procesamiento, el exresponsable de la UDEF habría colaborado con una organización criminal realizando consultas en bases de datos policiales para detectar investigaciones en curso. Este acceso privilegiado le habría permitido alertar a los miembros de la red y proteger sus actividades ilícitas, convirtiéndose, según el juez, en un “campo de minas” para anticipar posibles actuaciones policiales.
La investigación apunta además a la existencia de un complejo sistema de ocultación de beneficios, basado en la creación de empresas, sociedades y el uso de criptoactivos para canalizar las supuestas comisiones. Parte de ese dinero, al menos 20 millones de euros, fue hallado emparedado en una vivienda.
El caso dio un giro en octubre de 2024 tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, el mayor alijo intervenido en España. La causa se amplió posteriormente con el procesamiento de Ignacio Torán, considerado por los investigadores como presunto líder de la organización y principal enlace con Sánchez.
Las diligencias apuntan a que el exmando policial habría participado en la introducción de al menos 39 contenedores con unas 73 toneladas de cocaína, de los cuales solo dos fueron interceptados. Por estos servicios, habría recibido más de 32 millones de euros, lo que sitúa el caso como uno de los mayores escándalos de corrupción policial vinculados al narcotráfico en España.
