La fiscal superior de Madrid abre expediente contra dos fiscales que solicitaron el archivo de la causa Plus Ultra

Se trata de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y de la fiscal María Luisa Llop, quienes solicitaron el archivo de las diligencias relacionadas con el rescate público de Plus Ultra

27 de mayo de 2026 a las 10:27h
La fiscal Almudena Lastra. Alberto Ortega / Europa Press
La fiscal Almudena Lastra. Alberto Ortega / Europa Press

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo contra las dos representantes del Ministerio Público que intervinieron en el caso Plus Ultra en 2021. El rescate de la aerolínea ha dado un nuevo paso tras la denuncia impulsada por el partido político Iustitia Europa. La medida afecta a Pilar Rodríguez, máxima responsable de la Fiscalía madrileña, y a María Luisa Llop, actualmente destinada en la Audiencia Nacional.

La resolución fue acordada mediante y según la documentación consultada por ‘Servimedia’, el asunto ha sido trasladado a la Inspección de la Fiscalía General del Estado para su análisis, conforme a lo previsto en la normativa que regula el funcionamiento del Ministerio Público.

El origen de la actuación se encuentra en la denuncia formulada por Iustitia Europa en relación con el rescate público concedido a la compañía aérea Plus Ultra, que ascendió a 53 millones de euros. La formación sostiene que existen elementos que apuntarían a posibles interferencias y a una eventual falta de objetividad en las decisiones adoptadas durante la tramitación del expediente que permitió liberar esas ayudas.

Entre los aspectos señalados en la denuncia figuran referencias a la fiscal jefa de Madrid que aparecerían en comunicaciones interceptadas durante la investigación, así como en informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Estas circunstancias motivaron la presentación de la denuncia y la posterior apertura del expediente gubernativo.

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, destacó la relevancia de la decisión adoptada por la Fiscalía Superior y aseguró que supone un paso significativo dentro de los mecanismos de supervisión de la carrera fiscal. “Este decreto no es un mero trámite administrativo; es el reconocimiento de que los hechos denunciados revisten una gravedad suficiente para activar los mecanismos de control interno más altos de la carrera fiscal”, declaró.

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La periodista Clara Cerrada, redactora de ElConstitucional.es
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