Este jueves la Audiencia Nacional encara la recta final de la vista oral en el juicio por el ‘caso Kitchen’, que investiga el presunto operativo parapolicial en 2013, para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para recuperar documentos de la caja B del partido, con el fin de proteger a la formación ante las investigaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que señaló al PP. El juicio se va a prolongar hasta el 30 de junio.
En la jornada de hoy se han sentado a declarar el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Ambos han negado cualquier implicación del Ministerio del Interior, rechazan haber recibido instrucciones ni trasladaron órdenes para vigilar al extesorero popular. Así, Martínez ha declarado: "Jamás supe de la Operación Kitchen".
Asimismo, han inssistido en que nunca percibieron preocupación dentro del PP por el contenido de los discos duros de Bárcenas ni por posibles grabaciones comprometedoras sobre dirigentes del partido.
En la vista oral también se han reproducido audios del excomisario José Manuel Villarejo, en los que hablaba con María Dolores de Cospedal sobre informes relacionados con la caja B del PP y mencionaba incluso el nombre de Mariano Rajoy. En otras grabaciones, Villarejo detallaba cómo captó al chófer de Bárcenas como informador a cambio de dinero para obtener datos sobre el entorno familiar del extesorero.
El presunto espionaje a Bárcenas
La operación se fragua gracias a la colaboración del la principal figura de la ‘Kitchen’, el excomisario José Manuel Villarejo, el cual se encarga presuntamente de contactar con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, apodado como el “chef”, para vigilar a la familia del extesorero, pinchar la conversaciones, seguir movimientos y entregar documentos y grabaciones que Bárcenas guardaba en un taller que pudieran dañar al PP. El sumario recoge un total de 53.266 euros de fondos reservados del Ministerio del Interior que se desviaron al pago mensual del 2.000 euros a Ríos.
Díaz, es el principal acusado. La Fiscalía le imputa por organización criminal, malversación de fondos reservados, revelación de secretos y prevaricación, pidiendo 15 años de cárcel más 33 de inhabilitación por autorizar el espionaje ilegal desde su ministerio. Por otro lado, Martínez, enfrenta los mismos cargos más encubrimiento, con igual pena solicitada. Se le acusa de coordinar directamente los 53.266 euros desviados y reuniones con Villarejo para organizar la operación.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
