La Audiencia de Badajoz inició el juicio oral por el caso que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, el cual afronta este jueves su declaración ante el juez, para el que se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Después prestará declaración el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
En su declaración, Sánchez, solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés, y ha negado que influyera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como coordinador de conservatorios de Badajoz como la de Luis Carrero, en el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.
Durante su declaración en el juicio, el hermano de Pedro Sánchez ha tratado de aclarar varios puntos relacionados con su etapa al frente de la Oficina de Artes Escénicas. En relación con esa unidad, ha explicado que la oficina no era “un edificio físico”, sino que funcionaba más bien como una estructura administrativa. Además, ha sostenido que no participó en el cambio de denominación de su puesto.
Sobre la plaza adjudicada a Luis Carrero, ha explicado que ambos mantienen “una amistad con él desde hace bastante tiempo” y que él le trasladaba información sobre su actividad profesional, recibiendo ayuda desinteresada a cambio. En cuanto a los correos electrónicos relacionados con esa plaza, ha indicado que “escuchó en la Diputación que iba a haber un refuerzo en Cultura" y que por eso se lo comentó a Carrero por si le interesaba. Según su versión, el malentendido surge porque él entendió que la plaza ya estaba publicada, mientras que su conocido le precisó después que no había un calendario cerrado, aclarando así la confusión sobre el proceso de adjudicación.
Después dos años de investigación, el procedimiento judicial se centra en determinar si el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz fue diseñado específicamente para él, es decir, si hubo enchufismo. La Fiscalía pidió el archivo de la causa al considerar "pocos indicios y muchas conjeturas". Por otro lado, la acusación popular formada por PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa, solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación para Sánchez.
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