El magistrado Santiago Pedraz que investiga el ‘caso Leire Díez’ ha solicitado, por petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acceder a todos los movimientos bancarios del PSOE y del PSC. Los agentes le han pedido “cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias”–según han avanzado en ‘Europa Press’.
En esta misma línea, han llevado a cabo la misma demanda en cuanto al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. También, requieren a Pedraz que reclame a la Agencia Tributaria un “informe de suministros” con información entre los años 2024 y 2025 sobre el PSOE, el PSC y los investigados.
La UCO ve “necesario profundizar” en un pago de 20.000 euros que el PSOE realizó a la empresa 'Crónica Libre', medio vinculado a Leire Díez, pudo hacerse a través de un tercero y por una campaña publicitaria en Cataluña, según han informado en el medio antes mencionado.
Las 48 horas de la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo los días 27 y 28 de junio registros domiciliarios, requerimientos al PSOE, incautación de móviles de dirigentes y colaboradores, intervención de dinero en efectivo, recopilación masiva de documentación y toma de declaraciones.
El informe policial apunta a la existencia de indicios sobre una presunta estructura organizada que habría operado entre 2024 y 2025 con el objetivo de proteger intereses afectados por procedimientos judiciales que podían tener repercusión sobre el PSOE, miembros del Gobierno o el propio presidente del Ejecutivo.
Entre los hallazgos más destacados figura la intervención de 19.850 euros en efectivo durante el registro de un domicilio vinculado al investigado Gaspar Zarrías Arévalo. La cantidad fue posteriormente ingresada por la Guardia Civil en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las pesquisas sobre el origen y destino de esos fondos.
Asimismo, los agentes intervinieron varios teléfonos móviles pertenecientes a personas investigadas en el procedimiento. Los agentes se incautaron de los terminales de Ana María Fuentes Pacheco, Juan Manuel Serrano Quintana, Covadonga San Pedro Pascual, Celia Rodríguez Alonso y Juan Sánchez Yepes, con el objetivo de analizar la información contenida en estos dispositivos en el marco de las pesquisas judiciales. Según recoge el atestado, todos los teléfonos quedaron bajo custodia de la Guardia Civil y a disposición del juzgado tras la correspondiente lectura de derechos a sus propietarios en calidad de investigados.
La actuación policial también alcanzó a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, donde los investigadores reclamaron y recopilaron documentación relacionada con la causa. Además, la UCO realizó actuaciones sobre diversas sociedades mercantiles, despachos de abogados y organismos públicos, en una operación dirigida a asegurar pruebas documentales y digitales consideradas de interés para la investigación.
Paralelamente, los agentes tomaron declaración a 16 testigos para tratar de esclarecer los hechos investigados. Entre ellos figura Carmen Pano, cuya comparecencia se produjo junto a la de otros empresarios, particulares y agentes de la Guardia Civil. El atestado señala que estas declaraciones forman parte de una ronda de testimonios destinada a determinar las posibles responsabilidades de los investigados y a profundizar en los hechos que analiza la Audiencia Nacional.
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